Tras la investigación de un año llevada a cabo por la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes (PEGA), está previsto que el Parlamento Europeo apruebe mañana sus recomendaciones sobre las reformas necesarias.
Para los Socialistas y Demócratas, está claro que el espionaje y la intimidación de políticos, periodistas, abogados e integrantes de la sociedad civil son inaceptables. Es por ello que el Grupo S&D pide unas normas sólidas de la UE que regulen la utilización de tecnologías de programas espía para impedir que ciudadanos y ciudadanas inocentes sean víctimas de una vigilancia intrusiva e ilegal, como ha sucedido en Polonia, Hungría y Grecia.
A fin de proteger a la ciudadanía europea y frenar las prácticas ilegales de espionaje de inmediato, el Grupo S&D también votará a favor de una moratoria de facto sobre el uso de estos programas espía en aquellos países de la UE que no respeten determinadas condiciones de aquí a finales de año. Ante todo, el uso de programas espía solo deberá permitirse en Estados miembros en los que las acusaciones de uso indebido de programas espía se hayan investigado minuciosamente y resuelto, y cuya legislación nacional sobre el uso de programas espía se ajuste a las normas establecidas por la Comisión de Venecia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Por último, los Socialistas y Demócratas también piden una definición común clara de “seguridad nacional” como motivo para la vigilancia, a fin de evitar que se intenten justificar abusos manifiestos.
Hannes Heide, negociador del Grupo S&D y portavoz en la comisión PEGA, ha declarado con vistas a la votación:
“Cuando nuestra comisión de investigación PEGA empezó su trabajo hace 14 meses, ¡no podíamos ni imaginar hasta qué punto se estaba espiando y vigilando a políticos, periodistas, abogados y activistas en Estados miembros de la UE sin base jurídica alguna! Los casos de Hungría y Polonia son especialmente impactantes, ya que el espionaje a voces críticas por parte de sus gobiernos forma parte de un proceso más amplio de destrucción del Estado de derecho. En Grecia, tal como constató nuestra comisión, los programas espía también se han utilizado como herramienta para obtener réditos financieros y políticos, lo que socava la democracia y deja un amplio margen para la corrupción.
Con nuestras recomendaciones, instamos a la Comisión y a los Estados miembros a sentar las bases para prevenir y acabar con el uso ilegal de software espía en Europa. Estas tecnologías solo deben poder utilizarse como último recurso para los delitos más graves, con salvaguardias muy estrictas y exclusivamente por orden de un juez. La Comisión debe presentar una propuesta legislativa sobre el uso, la venta y la compra legales de programas espía.
Nuestro antiguo compañero Nikos Androulakis fue espiado por el Gobierno griego bajo el pretexto de la seguridad nacional. Este caso demuestra claramente que en Europa necesitamos una definición común de ‘seguridad nacional’ para descartar interpretaciones arbitrarias.
El nuevo Gobierno griego que se formará tras las elecciones del 26 de junio debe investigar debidamente, y esclarecer, el escándalo del ‘Predatorgate’ y el uso indebido del Servicio Nacional de Inteligencia de Grecia (EYP). Pedimos al PPE que deje de cubrir a Mitsotakis, que está siguiendo el peligroso camino autocrático de Polonia y Hungría al atacar a las autoridades independientes y la prensa crítica”.
