El Grupo S&D ha encabezado los esfuerzos progresistas en el Parlamento para apretar donde más duele: la congelación de los fondos de la UE. Presionamos para que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho fuera una realidad. En vigor desde el 1 de enero de 2021, concede a la UE el poder de suspender los fondos de la UE cuando el presupuesto de la UE esté en riesgo de verse vinculado a violaciones del Estado de Derecho. Asimismo, el mecanismo europeo del Estado de Derecho ha arrojado más luz sobre la situación de la democracia y el Estado de Derecho en todos los Estados miembros gracias a los informes anuales sobre el Estado de Derecho que se pusieron en marcha en 2020.
La adhesión a la UE conlleva derechos y obligaciones. La finalidad del artículo 7 de los Tratados de la UE es garantizar que el incumplimiento de sus obligaciones por parte de un Estado miembro pueda conducir a la suspensión de sus derechos. Desde que se activara la primera fase del procedimiento del artículo 7 contra Polonia y Hungría en 2017 y en 2018, respectivamente, el Grupo S&D ha mantenido la presión política tanto sobre los Gobiernos en cuestión como sobre la Comisión Europea y el Consejo.
Gracias a los esfuerzos del Grupo S&D, la UE por fin ha ratificado el Convenio de Estambul. Este Convenio es un tratado internacional de derechos humanos jurídicamente vinculante que fija normas para luchar, prevenir y enjuiciar la violencia sexual y de género contra las mujeres. Nuestros insistentes llamamientos a favor de una ley de la UE destinada a combatir la violencia contra las mujeres por fin recibieron respuesta en 2022, cuando la Comisión presentó la primera legislación para abordar la violencia sexual y de género a escala de la UE.
Gracias al trabajo de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras, presidida por el Grupo S&D, alcanzamos un consenso político sobre un plan rector para reforzar la resiliencia y defender nuestras democracias frente a la injerencia extranjera.
Ahora que las campañas electorales se desarrollan cada vez más en línea, nos hemos asegurado de que se prohíba que agentes extranjeros patrocinen anuncios políticos en el período previo a las elecciones, como parte de la nueva normativa sobre la segmentación de la publicidad política.
Para el Grupo S&D, el respeto del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores y principios consagrados en los tratados de la UE y en los instrumentos internacionales de derechos humanos es primordial. La pertenencia a la UE es voluntaria y conlleva muchos beneficios, pero todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar y adherirse a los valores europeos, sin “y sis” ni “peros”.
El Grupo S&D está profundamente preocupado por la situación que estamos presenciando en algunos Estados miembros, en los que el Estado de Derecho se está deteriorando drásticamente, y hemos denunciado sistemáticamente los ataques contra la democracia y el Estado de Derecho allá donde se han producido. No podemos poner en riesgo el futuro de la UE debido a las desbaratadas actitudes políticas de un puñado de regímenes políticos iliberales. La crisis del Estado de Derecho socava tanto la cohesión interna de la UE como su credibilidad.
Conocemos el problema: los ataques al Estado de Derecho y el retroceso democrático. Y contamos con herramientas para solucionarlo: retener los fondos de la UE o suspender los derechos de voto en el Consejo, por ejemplo. Sin embargo, lo que falta es voluntad política de actuar por parte de los Estados miembros y las instituciones de la UE.
El Grupo S&D está trabajando para garantizar que todas las violaciones del Estado de Derecho se incluyan en el actual régimen de condicionalidad y seguimos planteando inquietudes por el bloqueo en el Consejo del procedimiento del artículo 7, apartado 1, que suspendería los derechos de los Estados miembros. Deben investigarse las violaciones del Estado de Derecho que afecten al presupuesto de la UE y atenten contra los derechos y las libertades de la ciudadanía, y hemos de ponerles fin.
Los derechos fundamentales constituyen la esencia de unas sociedades abiertas y democráticas y, como grupo político, trabajamos incansablemente para promover y proteger estos derechos. Por ejemplo, para el Grupo S&D, la lucha por la justicia racial y contra la discriminación y el racismo es fundamental. Hemos elaborado el primer informe del Parlamento Europeo que aborda el racismo estructural en la UE.
La protección de nuestros niños y niñas, nuestras familias y nuestras familias arcoíris es también uno de nuestros valores principales. Por ello, hemos respaldado plenamente el trabajo en una propuesta legislativa encaminada al reconocimiento transfronterizo de la filiación.
Garantizar los derechos fundamentales de las mujeres es sumamente importante para nosotros y nosotras. El Grupo S&D ha luchado constantemente para que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, y también ha peleado la Directiva sobre la violencia de género, en la que nuestro Grupo ha tomado la delantera. También estamos presionando a favor de un enfoque integral de la violencia sexual y de género abordando tanto la prevención como el enjuiciamiento de este delito intolerable.
Con la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, hemos trabajado arduamente para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación garantizando que no haya injerencia en las decisiones editoriales, que no se vigile a los y las periodistas y a los equipos de redacción y que tampoco haya injerencia política en los medios de comunicación de servicio público.
Cada año se celebran elecciones locales, regionales y nacionales en toda la UE. Este año 2024 también hay elecciones europeas. Luchar contra la injerencia es una prioridad constante del Grupo S&D.
Necesitamos urgentemente una acción conjunta de la UE para garantizar que la financiación de las campañas sea más transparente. Esta es la mejor manera de frenar la financiación opaca procedente de terceros países, especialmente de Rusia, en apoyo de partidos y movimientos de derecha.
Las campañas electorales se desarrollan cada vez más en línea. Es por ello que, como grupo, hemos estado presionando para que se tomen más medidas de cara a proteger la integridad de las elecciones en la era digital e impedir que los intereses malignos recurran a nuevas formas de manipulación de los resultados electorales.
La injerencia en un Estado miembro socava a la UE en su conjunto. Las autoridades nacionales ya no pueden luchar contra estas amenazas trabajando de forma aislada, ni el sector privado puede autorregularse.
Además de trabajar juntos a nivel nacional, necesitamos urgentemente nuevas normas para mejorar la resiliencia de las fundaciones y los partidos políticos europeos y mejorar su capacidad para actuar contra la injerencia extranjera.
El respeto de unos procesos democráticos justos es fundamental y necesitamos normas sólidas sobre transparencia, límites de gasto, respeto de los períodos de silencio, igualdad de trato de los candidatos, prohibición de la elaboración de perfiles con fines electorales, etiquetado de los contenidos compartidos por bots y eliminación de cuentas falsas.
Los Estados miembros deben reformar y coordinar urgentemente sus legislaciones electorales nacionales adaptándolas a la nueva realidad digital, con el fin de colmar las lagunas entre países y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.