Los y las Socialistas y Demócratas ayudaron a conseguir un sólido mecanismo de solidaridad, que prevé un nivel mínimo de reubicaciones entre los Estados miembros, así como medidas de financiación y desarrollo de capacidades, que será supervisado por un coordinador de solidaridad de la UE. Este mecanismo ayudará a los Estados miembros que experimentan llegadas recurrentes, tras operaciones de búsqueda y salvamento, o que sufren la “presión” de la migración debido a llegadas constantes de un gran número de personas. También hemos reforzado las disposiciones sobre reagrupación familiar en el proceso de asilo y hemos adoptado normas más justas para vincular a las personas que solicitan asilo con los Estados miembros en los que tienen algún tipo de lazo educativo.
Los y las Socialistas y Demócratas hemos luchado con ahínco para garantizar que el procedimiento para los y las solicitantes siga basándose en una evaluación individual de su situación. Hemos buscado una normativa más equilibrada que proteja el derecho individual al asilo, en particular garantizando asistencia jurídica gratuita a todos los solicitantes y aportando más claridad jurídica sobre el uso de los conceptos de tercer país seguro.
Los y las Socialistas y Demócratas hemos conseguido que se introduzcan controles de identidad y de seguridad, reconocimientos médicos y exámenes de vulnerabilidad obligatorios para todas aquellas personas que llegan a las fronteras exteriores de la UE de forma irregular, así como para las que llegan tras operaciones de búsqueda y salvamento o las que buscan asilo en las fronteras exteriores. También hemos garantizado que en cada Estado miembro se cree un mecanismo de control destinado a supervisar la protección de los derechos fundamentales durante este proceso de control.
Los y las Socialistas y Demócratas hemos reforzado la solidaridad en tiempos de crisis, garantizando que los Estados miembros compartan la responsabilidad por las personas que buscan asilo en tales circunstancias. También hemos establecido una vía para conceder protección internacional acelerada a aquellas personas que lo necesiten, lo que permitirá a los Estados miembros asignar recursos a los fines más necesarios. Siguiendo el positivo ejemplo de la protección temporal concedida a los ucranianos y ucranianas tras la invasión rusa, hemos mantenido la Directiva de protección temporal en el Derecho de la Unión (la Comisión había propuesto derogarla).
Defendemos firmemente la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular su artículo 18, que se basa en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Creemos en defender, y no en incumplir, nuestros compromisos en virtud del Derecho internacional.
Durante este mandato, hemos luchado por un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo caracterizado por la evaluación individual del derecho de asilo, con normas claras tanto para los y las solicitantes como para los Estados miembros, sin un recurso sistemático a procedimientos que lleven a la detención de un gran número de personas en las fronteras exteriores.
Esto significa que la gestión de las personas que llegan a la UE en busca de asilo debe ser responsabilidad compartida de los Estados miembros, de manera que no recaiga únicamente ni en los Estados miembros a los que llegan estas personas en primer lugar, ni en los Estados miembros en los que muchas de ellas desearían acabar, sino que se comparta entre los Estados miembros conforme a unas normas justas y sostenibles.
Salvar vidas en el mar es una obligación moral, humanitaria y jurídica basada en el Derecho internacional. Esto requiere un enfoque más proactivo y coordinado de las operaciones de búsqueda y salvamento por parte de la Unión y sus Estados miembros a fin de frenar la escalada de muertes de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo.
Tenemos que buscar un enfoque más integral y unificado con respecto a la migración legal en la UE, con vistas a ofrecer una perspectiva a las personas de terceros países que vienen a la UE de forma legal para trabajar. De este modo, la UE podrá hacer frente a su escasez de mano de obra, evitar la explotación de los trabajadores y trabajadoras vulnerables que a menudo trabajan de forma irregular y reducir el nivel de migración irregular (a través de la cual las personas suelen acabar en manos de traficantes que ponen sus vidas en riesgo a fin de lucrarse).
La cooperación con terceros países debe guiarse por el principio de asociación igualitaria. Debemos evitar externalizar la responsabilidad política a gobiernos volubles y antidemocráticos mediante acuerdos insostenibles e informales. El Grupo S&D apoya la cooperación con terceros países en ámbitos como el comercio, los visados, la seguridad o la inversión, pero no apoya acuerdos con gobiernos y dirigentes que no respetan el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Necesitamos un enfoque a más largo plazo conforme al cual la UE ponga más energía en resolver los problemas geopolíticos que afectan a las causas profundas de la migración, como la guerra, la pobreza, la corrupción, el hambre y la falta de oportunidades. La UE y sus Estados miembros deben invertir en la creación de capacidades, facilitar inversiones en educación, reforzar los sistemas para gestionar el asilo y fortalecer los sistemas jurídicos y judiciales de terceros países.
Una respuesta más amplia de la UE en materia de integración, que permita, entre otras cosas, que los fondos de la UE se pongan directamente a disposición de las autoridades regionales, municipales y locales para financiar proyectos de integración, ya que es allí donde realmente se produce la integración.
Abogamos por la protección de las fronteras exteriores mediante una política realista sobre gestión de la migración y que acepte que levantar muros no frenará el instinto humano de supervivencia.