El Grupo S&D votó anoche, en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en contra de una propuesta liberal-conservadora estrecha de miras sobre la creación de un marco jurídico para facilitar las inversiones sostenibles, mientras que Los Verdes se abstuvieron, así como el ponente del PPE (Partido Popular Europeo). Esta normativa debería establecer las condiciones y el marco jurídico para crear un sistema unificado de clasificación (“taxonomía”) sobre lo que puede considerarse una actividad económica que sea medioambientalmente sostenible en Europa. Es el último llamado tercer pilar, y el más importante, del paquete de finanzas sostenibles, junto a los índices y la información, que ya se han aprobado. Tiene que ser un primer paso significativo en los esfuerzos para canalizar las inversiones en actividades sostenibles e integrar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de manera progresista. 

Pervenche Berès, portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios del Grupo S&D, afirmó:

“El Parlamento Europeo es normalmente el lugar en el que se va progresivamente por delante del Consejo y la Comisión Europea en temas de sostenibilidad. Esta vez ha habido muchísima presión por parte de los grupos de la industria, que han sido escuchados por los conservadores. Por este motivo, lamentablemente, no hemos podido garantizar la inversión ventajista, incluyendo la sostenibilidad social. Sin embargo, nosotros, los Socialistas y Demócratas, lucharemos en el próximo plenario para lograr un resultado ambicioso y le pedimos a la mayoría conservadora que vuelva a repensar su votación en interés de los ciudadanos y las ciudadanas europeos”.  

Simona Bonafè, negociadora del Grupo S&D para la creación de un marco jurídico que facilite la inversión sostenible, añadió:

“Si queremos acelerar la transición hacia un sistema económico que sea más sostenible, debemos crear un marco jurídico para las inversiones. Por eso, queremos un regulación muy ambiciosa. La propuesta de anoche, que apoyaba la mayoría conservadora, debilita todos los elementos claves, sobre todo, en relación con la inclusión de la dimensión social y la identificación del nivel de sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas. Esto presenta el riesgo de crear lagunas jurídicas sin garantías y controles apropiados. Nosotros, los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D, no podemos aceptar una propuesta así”.