Las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo han apoyado hoy normas más estrictas para quienes introducen o envían grandes sumas de dinero a la Unión Europea o desde ella.

La nueva normativa es otro elemento más de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Parlamento en su conjunto votará el acuerdo durante su sesión plenaria de Estrasburgo, la próxima semana.

La eurodiputada del Grupo S&D Mady Delvaux, que es la negociadora del Parlamento Europeo de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, afirmó:

“Con frecuencia se utilizan grandes sumas de dinero en efectivo para realizar actividades delictivas, lo cual les ofrece a los delincuentes la ventaja de que el efectivo puede transferirse con facilidad y es muy difícil rastrearlo. Estas nuevas propuestas refuerzan las normas para aquellos que se lleven o introduzcan más de 10.000  euros en la Unión Europea. Amplía el alcance de la normativa para cubrir no solo el efectivo, sino también otros activos líquidos como oro, tarjetas prepago o cheques, que los delincuentes usan con frecuencia para eludir las normas existentes.

“Hemos votado para darles a las autoridades nacionales las herramientas que les hacen falta en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. Hemos garantizado que la nueva normativa facilitará que las aduanas y las Unidades de Inteligencia Financiera compartan información y cooperen eficazmente”. 

El eurodiputado del Grupo S&D Juan Fernando López Aguilar, que es el negociador del Parlamento Europeo de la comisión de Libertades Civiles y Asuntos de Interior, añadió:

“Los grupos delictivos y terroristas siempre están buscando nuevas formas de financiar sus actividades y de evitar el control de las autoridades. La Regulación que hemos apoyado hoy les complicará la vida. Hemos ampliado las normas para incluir el efectivo que se envía por correo, carga o mensajero, dándoles a las autoridades la capacidad de exigir que quien lo envía o lo reciba declare el dinero.

“Hemos actualizado las competencias que la aplicación de la ley tiene a su disposición mientras garantizamos que se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

 

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