Después de la decisión del PPE (Partido Popular Europeo) y las fuerzas de Derecha de rechazar la propuesta del Grupo S&D de reiterar la posición aprobada por el Parlamento Europeo sobre el anunciado incumplimiento de la legislación internacional y los derechos humanos por parte de Israel en Khan al-Ahmar, la eurodiputada de los Socialistas y Demócratas Eider Gardiazábal afirmó:
“El PPE y las fuerzas de Derecha del Parlamento Europeo son cómplices de este vergonzoso incumplimiento de la legislación humanitaria internacional y de los derechos humanos que está produciéndose en la Cisjordania ocupada. El Ejército israelí está a punto de demoler la aldea beduina palestina de Khan al-Ahmar, y las fuerzas de la Derecha han silenciado la voz de nuestro Parlamento en este tema durante estos momentos terribles. Qué vergüenza.
“Como siempre, no nos quedaremos callados, nunca lo haremos. Nuestra petición y nuestra lucha por la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la solución de dos Estados continúa. Seguimos diciéndolo alto y claro: Señor Netanyahu, ¡no cruce la línea, no derrumbe Khan al-Ahmar!”
Nota para los redactores: el 13 de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución que pedía “que el Gobierno israelí retire el plan de reubicación que llevaría a la demolición de Khan al-Ahmar y al traslado forzoso de su población a otro lugar”. El Gobierno israelí también ha sido advertido, incluyendo por representantes de las Naciones Unidas, de que la demolición de Khan al-Ahmar y el desalojo forzoso de sus residentes sería un incumplimiento grave de la legislación humanitaria internacional (de acuerdo al Cuarto Convenio de Ginebra). El Gobierno israelí parece ignorar estas peticiones y hace una semana (el domingo 23 de septiembre) advirtió a los residentes de Khan al-Ahmar de que destruyeran ellos mismos sus casas y su escuela antes de hoy, 1 de octubre; de lo contrario, el Ejército israelí implementaría estas órdenes de demolición.
Tengan en cuenta, por favor, que el Tribunal Supremo de Israel autorizó las órdenes de demolición, pero no obligaba al Gobierno, en modo alguno, a implementarlas; esa decisión sigue estando a discreción del Gobierno del primer ministro Netanyahu.
