Mejores revisiones, sanciones más firmes para las empresas que no cumplan las normas y una convergencia social mucho mayor, especialmente consiguiendo que los derechos sociales sean un pilar de la política europea. Esos son los temas claves que ha identificado el eurodiputado del Grupo S&D Guillaume Balas para luchar contra el dumping social –la explotación de la mano de obra migrante para vender a precios inferiores a los locales– en Europa. Esas propuestas son las prioridades clave de un informe adoptado hoy por una amplia mayoría en la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
Después de la votación, el eurodiputado Guillaume Balas, advirtió:
“En la actualidad, el dumping social está ampliamente generalizado en muchos sectores importantes de nuestra economía: la construcción y el transporte por carretera. Debilita la fe de los ciudadanos en el proyecto europeo. La Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea deben encontrar formas de poner fin a esta situación sin más demora. Debemos reestablecer la primacía de los derechos de los trabajadores y de los derechos sociales sobre las libertades económicas”.
La portavoz de Empleo y Asuntos Sociales del Grupo S&D, la eurodiputada Jutta Steinruck, añadió:
“Los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo han estado pidiendo desde hace mucho la revisión de la Directiva sobre el traslado de trabajadores para luchar contra el dumping social efectivamente y garantizar una competencia leal. Debemos codificar el principio de “un mismo salario para el mismo trabajo en el mismo lugar” e introducir un sistema incondicional de responsabilidad común y solidaria donde los demandantes puedan exigir una obligación a cualquiera de los defensores, abarcando todos los sectores económicos”.
Las propuestas incluyen:
- Los Estados miembros de la Unión Europea deben garantizar que sus sistemas de inspección laboral tienen fondos y personal suficientes para desarrollar su labor.
- La cooperación entre las autoridades nacionales relevantes de toda Europa debe mejorarse significativamente para abordar el fraude a la seguridad social, el falso autoempleo y “las empresas buzón” que no tienen actividades reales en los países de la Unión Europea donde afirman estar ubicadas.
- Los Estados miembros deben ser capaces de montar conjuntamente equipos de sus fuerzas de inspección laboral para realizar investigaciones in situ cuando se sospeche de dumping social.
- El Parlamento Europeo pide la creación de una lista negra de empresas europeas que cometen graves violaciones de los códigos y las legislaciones sociales y laborales. La lista negra podría ser consultada por las autoridades nacionales y se prohibirá que las empresas involucradas reciban contratos públicos, ayudas públicas y financiación europea durante un periodo obligatorio.
- Las declaraciones sobre el traslado de trabajadores deben compilarse en un registro europeo.
- El principio del trato igual debe aplicarse a los trabajadores locales y a los trabajadores desplazados, y deben respetarse los acuerdos colectivos de los Estados miembros de la Unión Europea que reciben a los trabajadores.
- Los tiempos de trabajo y de descanso en el sector del trabajo por carretera deben comprobarse con más detenimiento y debe crearse una agencia europea del transporte por carretera para garantizar que existe una mejor cooperación entre los países de la Unión Europea. Debe rechazarse cualquier nueva liberalización del cabotaje (operadores de transporte de un país trabajando en otro).
- Los Estados miembros de la Unión Europea deben revisar su legislación para garantizar contratos de gran calidad en el ámbito de la aviación.
- Los derechos fundamentales deben protegerse garantizando que la legislación europea respeta los derechos de los sindicatos, los acuerdos colectivos y el trato igual de los trabajadores.
- Los derechos sociales deben ser un pilar de la política europea para facilitar la convergencia social ascendente.
- La Comisión Europea debe evaluar el impacto social y económico en el mercado único sobre los distintos niveles de las contribuciones a la seguridad social nacional que pagan los empleadores y los empleados.
- Se anima a los Estados miembros de la Unión Europea a introducir un salario mínimo que se fije en, al menos, el 60% del salario bruto medio de cada Estado.
- La Comisión Europea y los Estados miembros deben tomar medidas a nivel europeo para responder a los problemas vinculados con la subcontratación, especialmente en términos de ampliar la responsabilidad conjunta y solidaria en la cadena de subcontratación.
- La Comisión Europea debe examinar la posibilidad de crear un instrumento para introducir la obligación de cuidar por parte de las empresas en relación con sus subsidiarios o subcontratantes que operan en el extranjero.
