La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha escuchado hoy a ciudadanos y ciudadanas europeos cuyas vidas y sustentos se han visto trastocados gravemente por la legislación estadounidense. La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FACTA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos se dirigía originalmente a luchar contra la evasión fiscal de los residentes estadounidenses, pero en la práctica la legislación estadounidense ha afectado a un gran número de ciudadanos europeos. Los peticionarios representan a los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea que están preocupados por los efectos adversos de esta normativa fiscal sobre los llamados “estadounidenses por accidente”, que son nacionales tanto de los Estados Unidos como de un Estado miembro, y sobre cómo afecta a sus familiares que no son estadounidenses.

Existen unos 400.000 “estadounidenses accidentales” en la Unión Europea, que nacieron en suelo estadounidense, pero no han trabajado, estudiado, ni vivido en los Estados Unidos como contribuyentes. Se enfrentan a una restricción de acceso a servicios financieros esenciales como seguros de vida, hipotecas o pensiones, y los datos personales de sus familiares se comparten con las autoridades fiscales de los Estados Unidos. La petición que se ha debatido hoy preocupa, sobre todo, por la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses en la Unión Europea.

Al debatir sobre los peticionarios en el Parlamento Europeo, los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D envían una advertencia de que se está acabando el tiempo. En cuestión de unas cuantas semanas, los problemas que afrontan miles de ciudadanos y ciudadanas europeos podrían quedar sin resolverse y los derechos de estos ciudadanos se verían amenazados. 

La coordinadora del Grupo S&D en la comisión de Peticiones, Jude Kirton-Darling, dijo:

“Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D han escuchado hoy en detalle los trastornos y la intromisión injustificada en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos como resultado de la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FACTA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Se están congelando cuentas bancarias y se restringe el acceso a seguros de vida, pensiones e hipotecas, lo que supone que demasiados ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea afrontan obstáculos en su manera habitual de vivir como resultado de esta ley injusta de los Estados Unidos.

“Estando de acuerdo con el objetivo inicial de la FATCA, que es luchar contra la evasión fiscal, ahora queda claro que estas normas son muy desproporcionadas y les falta un enfoque con sentido común. Justo ahora existe una presión significativa sobre los bancos de la Unión Europea para que cumplan con la legislación estadounidense antes de finales de 2019; en caso contrario, se arriesgan a ser sancionados con grandes multas. Eso significa que, en 2020, un número significativo de ciudadanos y ciudadanas europeos podrían despertarse y ver que sus cuentas bancarias han sido cerradas de un día para otro. 

“El Grupo S&D comparte las graves preocupaciones de que esta legislación estadounidense viola derechos fundamentales de la Unión Europea, como la privacidad y la protección de los datos y el derecho de respeto de la vida privada y familiar. Existe el riesgo de que se prescinda, en este caso, de las normas del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), que está en vigor para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas europeos. La Comisión Europea debe anteponer la protección de sus ciudadanos y ciudadanas. Lo hemos escuchado. Es momento de actuar”.   

Nota para los redactores:

Desde la entrada en vigor de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FACTA, por sus siglas en inglés) y los AIGs (Acuerdos Intergubernamentales relacionados) concluidos entre los Estados miembros y los Estados Unidos, las instituciones financieras de la Unión Europea están obligadas a revelar información detallada al Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos) estadounidense sobre las cuentas que tienen supuestas “personas estadounidenses”, con la amenaza de un 30 % de retención a cuenta. Las instituciones financieras tienen hasta finales de 2019 para cumplir la FATCA.

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