El Parlamento Europeo ha aprobado un informe del Grupo S&D que enmienda provisionalmente el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC) para responder al impacto económico que ha tenido la pandemia de la COVID-19. La “solución rápida” del RRC da un alivio temporal de capital a los bancos de forma que puedan prestar a la economía real, en un momento en el que las empresas lo necesitan enormemente. El texto que se ha aprobado es el acuerdo final y se espera que el nuevo Reglamento esté en vigor a finales de junio de 2020.

Jonás Fernández, portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios del Grupo S&D y autor del informe, afirmó:

“Tras haber sido fuertemente golpeados por el confinamiento que ha provocado la COVID-19, las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y los hogares tienen sed de capital. Con las nuevas normas que se han adoptado hoy, los bancos tendrán que asumir responsabilidades e inyectar más dinero en la economía real. Gracias a las contundentes normas que el Parlamento Europeo puso en marcha tras la última crisis financiera, los bancos son ahora más resilientes y están bien capitalizados, de forma que pueden y deben jugar un papel constructivo en la recuperación económica. Ajustando las normas pro-cíclicas, se empujará a los bancos a utilizar reservas acumuladas para seguir prestando. Los nuevos filtros cautelares que se han introducido reducirán las presiones del mercado sobre la deuda pública, en un momento en el que se obliga a los países a recaudar fondos para apoyar a sus industrias y a los ciudadanos y las ciudadanas en los momentos más difíciles. Que el préstamo bancario a las PYMES y los proyectos de infraestructuras sean más atractivos no solamente nos ayudará a salir de la crisis, sino que también nos permitirá crear un futuro sostenible, tal y como se recoge en el Pacto Verde Europeo.

“Me enorgullece que en las negociaciones con los Estados miembros fuéramos capaces de llegar a un texto equilibrado que dé respuesta a lo que necesitan las PYMES y los ciudadanos. Contra todo pronóstico, podemos incluso ganar terreno en la lucha por la prohibición de los dividendos y los bonos en momentos de dificultades económicas. Hemos introducido un claro mandato para los supervisores competentes con la finalidad de que utilicen plenamente sus competencias, incluyendo prohibiciones de dividendos, distribuciones y recompra de acciones. Asimismo, la Comisión Europea tendrá que informar al Parlamento Europeo sobre la eficacia del sistema actual y, cuando haga falta, otorgar mayores competencias vinculantes a las autoridades. Les debemos a los ciudadanos y las ciudadanas garantizar que la reducción de capital que se les concede a los bancos no acabe en los bolsillos de los inversores, sino en manos de las PYMES, las autoridades públicas y los hogares”.

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