Tras el acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo la semana pasada, la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha aprobado nuevas normas de la UE sobre el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas.
El acuerdo mejora el acceso transfronterizo a la denominada “prueba electrónica” en el marco de procesos penales y permite a las autoridades investigadoras enviar órdenes judiciales de pruebas electrónicas directamente a proveedores de servicios, como redes sociales, de otro Estado miembro. Hasta ahora, el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas había sido lento y los datos solían incluso eliminarse antes de que hubiera comenzado el proceso judicial.
La Comisión Europea presentó sus propuestas de normativa sobre pruebas electrónicas en 2018 y el acuerdo final se someterá ahora a votación en una próxima sesión plenaria antes de ser firmado y convertirse en legislación de la UE.
Birgit Sippel, portavoz de Justicia y Asuntos de Interior del Grupo S&D y negociadora del Parlamento en materia de pruebas electrónicas, ha declarado:
“Los delitos cometidos en línea van en aumento. Por tanto, las pruebas electrónicas desempeñan un papel cada vez más importante en las investigaciones y los procesos penales. El acuerdo sobre pruebas electrónicas supone un importante punto de inflexión en la cooperación policial y judicial europea. Por primera vez, las autoridades nacionales de investigación podrán pedir directamente a proveedores de servicios ubicados en otros Estados miembros de la UE que entreguen u obtengan pruebas electrónicas, con plazos claros y normas uniformes en toda la UE.
Puesto que el Derecho penal solo está parcialmente armonizado en la UE, esta cooperación directa también entraña riesgos. Por ello, en las negociaciones, el Parlamento ha insistido en que se respeten los derechos fundamentales, especialmente a la intimidad y la protección de datos, además de los derechos procesales. Gracias a la presión ejercida por el Parlamento, el Estado miembro en el que esté ubicado el proveedor de servicios será “notificado” de las órdenes judiciales de entrega de datos especialmente delicados, como datos de tráfico y de contenido, a menos que existan pruebas de que la persona sospechosa vive en el Estado emisor y de que el delito se cometió allí. A continuación, la autoridad a la que se haya informado tendrá que revisar la orden en un plazo estricto y podrá denegarla. Una orden podría denegarse si la infracción no es constitutiva de delito en el país del proveedor de servicios o si la entrega de los datos conllevara una violación de la libertad de prensa.
Con este acuerdo sobre pruebas electrónicas, vemos la luz tras un proceso largo y engorroso, sin dejar de proteger las salvaguardias esenciales”.
