En una votación fundamental celebrada en la sesión plenaria de hoy, los Socialistas y Demócratas han liderado una mayoría progresista a favor de nuevas normas vinculantes para garantizar que las empresas actúen de forma responsable, tanto dentro como fuera de la UE.
Tras tres años de negociaciones, el Parlamento ha llegado a una posición común sobre el significado de “conducta empresarial responsable” en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Las empresas tendrán que detectar, prevenir y subsanar las consecuencias negativas de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor de sus operaciones, desde el diseño y la producción hasta la venta y la distribución. Se impondrán sanciones a las empresas que incumplan estas normas, como posibles multas de hasta el 5% del volumen de negocios de la empresa, y los directores ejecutivos tendrán que asumir una responsabilidad en materia de diligencia debida a nivel personal, con una vinculación directa a la retribución.
Ahora que se ha acordado el mandato de negociación, la eurodiputada del Grupo S&D Lara Wolters encabezará las negociaciones del Parlamento Europeo con el Consejo como parte de los diálogos tripartitos.
Lara Wolters, ponente del Parlamento Europeo sobre diligencia debida, ha declarado:
“A lo largo de los años, las prácticas empresariales irresponsables se han cobrado miles de vidas y han destruido innumerables medios de subsistencia. Han dejado a miles de niños y niñas huérfanos y a miles de familias sin hogar; todo ello en nombre de la avaricia empresarial.
Como el mayor mercado único del mundo, la UE tiene el poder de reparar la cadena. Las empresas codiciosas deben dejar de hacer la vista gorda ante los daños que causan al medio ambiente y a los derechos humanos, independientemente del punto de su cadena de valor en el que se produzcan, y ya sea dentro o fuera de la UE.
La votación de hoy es un momento histórico. Se asume el compromiso de alcanzar un acuerdo con los gobiernos de la UE sobre normas vinculantes a favor de una conducta empresarial responsable. Ahora, nos toca estar a la altura de las ambiciones del Parlamento.
Los conservadores han hecho todo lo posible por diluir y minar nuestro trabajo. A pesar de la unidad conseguida entre los grupos políticos en el seno de la comisión de Asuntos Jurídicos, el PPE ha jugado a la política irresponsable para socavar el consenso que tanto costó alcanzar en la votación de la comisión.
En lugar de votar para proteger a las personas y al planeta, hoy, el Grupo PPE ha demostrado que su verdadera prioridad es proteger las ganancias de sus benefactores en los consejos de administración”.
Notas para los redactores/as — Principales logros del Grupo S&D
- El Parlamento ha sido más ambicioso en cuanto a alcance que la propuesta de la Comisión, de la que ha partido. Quedarán cubiertas todas las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios de al menos 40 millones €. La propuesta de la Comisión cubría a las empresas de 500 empleados y con un volumen de negocios de 150 millones €.
- El Parlamento exige a las empresas que se aseguren de que sus cadenas de valor sean climáticamente neutras de aquí a 2050. Asimismo, deberán presentar planes de transición climática en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, con objetivos y medidas concretos que lleven sus cadenas de valor a la neutralidad climática para 2050, en fases de cinco años a partir de 2030.
- Las víctimas disfrutarán de un mejor acceso a la justicia: las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos podrán representarlas ante los tribunales, los tribunales podrán solicitar la divulgación de pruebas por parte de las empresas, y los tribunales podrán adoptar medidas cautelares para frenar el daño.
- Podrán imponerse a las empresas que incumplan las normas algunas de las siguientes sanciones: multas de hasta el 5% del volumen de negocios anual, descrédito público por parte de las autoridades, retirada de productos del mercado de la UE, consecuencias a la hora de ser tomadas en consideración en procesos de contratación pública.
- Los directores ejecutivos serán responsables de supervisar el proceso de diligencia debida y las empresas con más de 1.000 empleados deberán vincular la retribución al cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida.
- Las empresas estarán obligadas a colaborar con las partes interesadas afectadas y sus representantes, como los sindicatos, a lo largo del proceso de diligencia debida. Si una empresa no dispone de suficiente información sobre el posible daño, se pondrá en contacto con las organizaciones de la sociedad civil para obtener la información pertinente.
