Hablando hoy antes de un debate y una votación de la Resolución del Parlamento Europeo sobre cómo proteger mejor a los trabajadores y las trabajadoras transfronterizos y de temporada, especialmente en el contexto de la crisis de la COVID-19, Agnes Jongerius, eurodiputada del Grupo S&D y portavoz de Empleo, afirmó:
“Como mano de obra esencial en granjas y mataderos, los trabajadores y las trabajadoras transfronterizos y de temporada garantizaron que tuviéramos alimentos frescos en nuestra mesa durante el confinamiento; sin embargo, con demasiada frecuencia se les niegan derechos laborales y sociales básicos. Los amplios brotes de infecciones de la COVID-19 en el sector agro-alimentario muestran la falta de medidas de protección y explotación. Tan solo ayer, un nuevo escándalo en uno de los mayores matadores de Europa, con cientos de nuevas infecciones, arroja luz sobre las lamentables condiciones laborales, la falta de transporte seguro y de alojamiento digno, donde el “distanciamiento social” es un lujo inalcanzable. Los trabajadores y las trabajadoras no puede ser tratados como si fueran de usar y tirar.
“Hay que hacer posible que los empleadores y las agencias de trabajo temporal respondan por sus malas conductas. Necesitamos disponer de condiciones claras para la creación de agencias de trabajo temporal y de mejores inspecciones de trabajo en los Estados miembros de forma que se apliquen mejor las medidas. Los trabajadores y las trabajadoras se merecen el mismo trato y el mismo salario en su lugar de trabajo. Esperamos que la Comisión Europea revise las Directivas actuales y proponga orientaciones integrales de cara a garantizar que los trabajadores de temporada y transfronterizos reciben un trato equitativo y están seguros”.
Gabriele Bischoff, eurodiputada del Grupo S&D y responsable de la coordinación de la seguridad social, añadió:
“La libertad de vivir y trabajar en otro país de la Unión Europea es un pilar de nuestra Unión Europea. Pero la movilidad laboral no solo debe ser libre, también debe ser justa. A demasiados de los 1,9 millones de trabajadores desplazados y 2,3 millones de trabajadores transfronterizos de Europa se les niegan sus derechos sociales y laborales que están garantizados. Con objeto de poner remedio a esta situación injusta, la Agencia Laboral Europea debe desempeñar plenamente su papel, especialmente en relación con las inspecciones laborales de los lugares de trabajo y la denuncia de los abusos. Les pedimos a los Estados miembros que concluyan urgentemente las negociaciones sobre la coordinación de la seguridad social. Solo podemos acabar con el fraude social y el abuso que se ejerce sobre los trabajadores y las trabajadoras móviles con normas modernas y aptas para el cumplimiento de sus fines y con un número europeo de la seguridad social”.
