El gobierno húngaro encabezado por Viktor Orbán debe retirar inmediatamente su veto a la
transposición a la legislación europea del acuerdo internacional sobre un tipo impositivo mínimo
efectivo para las multinacionales. No debe abusarse de los vetos nacionales ni usarlos para negociar
a nivel político. Debe encontrarse otra forma de avanzar –como la transición a la votación por
mayoría cualificada en asuntos fiscales– a fin de superar el impacto paralizante de la votación por
unanimidad, que nos impide cumplir nuestras promesas de justicia fiscal. Estos son algunos de los
mensajes clave que ha subrayado el Grupo S&D cuando el Parlamento Europeo ha adoptado hoy una
Resolución que critica el uso de los vetos nacionales para socavar el acuerdo fiscal internacional. El
Grupo S&D encabezó las negociaciones en torno a esta Resolución.

La aplicación de un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15%, tal y como acordaron
a nivel internacional los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos)/G20 el pasado mes de octubre*, supondría 64.000 millones de euros anuales de
ingresos fiscales adicionales que hacen mucha falta en la Unión Europea. Ahora más que nunca, se
necesitan recursos financieros adicionales para hacer frente a las consecuencias de la guerra rusa
contra Ucrania, financiar la recuperación de la pandemia y llevar a cabo la transición ecológica. 

Sin embargo, justo después de que Polonia retirara su antiguo veto a la aplicación del acuerdo por
parte de la Unión Europea, ahora es Hungría la que bloquea dicho acuerdo. Este veto supone el
tercer intento fallido de los ministros y las ministras de finanzas de la Unión Europea de alcanzar un
consenso y pone en entredicho la viabilidad de la votación por unanimidad en política fiscal,
demostrando que no está adaptada para poder afrontar los desafíos fiscales actuales y ofrecer
justicia fiscal a las ciudadanas y los ciudadanos.

La eurodiputada Biljana Borzan, vicepresidenta de Asuntos Económicos del Grupo S&D, dijo: 

“Orbán tiene que retirar el veto al impuesto mínimo global para las multinacionales inmediatamente
y permitir que la Unión Europea ofrezca justicia fiscal a sus ciudadanos y ciudadanas. Los vetos
nacionales no deben utilizarse como moneda de cambio, socavando el avance de la Unión Europea.

“Todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluido Hungría, están de acuerdo con el
acuerdo a nivel mundial. Nuestros socios internacionales, en particular los Estados Unidos, cuentan
con nuestra promesa de cumplir y aplicar el tipo impositivo mínimo efectivo.

“Estos vetos nacionales perjudiciales corren el riesgo de poner en peligro nuestros compromisos
internacionales y dañar la credibilidad de la Unión Europea”.

La eurodiputada Aurore Lalucq, portavoz del Grupo S&D en materia de Fiscalidad y ponente del

Parlamento Europeo sobre la aplicación del tipo impositivo mínimo efectivo para las
multinacionales, que se ha encargado de la Resolución, subrayó:

“La Unión Europea tiene la obligación de hacer justicia fiscal con nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Cada año perdemos hasta 190.000 millones de euros debido a la elusión fiscal y a la competencia
fiscal agresiva. Es fundamental que la Unión Europea salve el acuerdo y encuentre la forma de
adoptar esta legislación.

“Debemos pasar de la votación por unanimidad a la votación por mayoría cualificada en materia
fiscal a fin de cumplir nuestros compromisos, tanto con la ciudadanía como con los socios
internacionales. Los asuntos fiscales son demasiado importantes para utilizarse como moneda de cambio, y no podemos seguir aceptando que Orbán mantenga rehén al resto de Europa con este
veto.

“Desde hace demasiado tiempo, parece que hemos renunciado a nuestros valores comunitarios,
pero ahora es momento de acabar con todo eso. Por eso defendemos que se pase a la mayoría
cualificada en materia fiscal. También le pedimos a la Comisión Europea que haga uso del artículo
116** a fin de superar esta situación inviable y les pedimos a los Estados miembros y al Colegio de
Comisarios que consideren la aplicación del acuerdo fiscal internacional mediante un procedimiento
de “cooperación reforzada”***.

“Ya es hora de que actuemos y utilicemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición
de cara a cumplir nuestros objetivos”.

Lea más sobre la larga campaña de los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D porla
justicia fiscal.

Nota para los redactores/as:

*En octubre de 2021, 137 países de todo el mundo alcanzaron un acuerdo histórico para introducir
un tipo impositivo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades que frena, por primera
vez, la competencia fiscal entre países de todo el planeta.

Es importante subrayar que se trata del tipo impositivo efectivo, es decir, del impuesto que paga la
empresa realmente tras tener en cuenta todos los posibles beneficios o exenciones.

Este acuerdo internacional, que se concluyó en el marco de la OCDE/G20, debe trasponerse ahora
en la legislación europea y a los marcos jurídicos de todos los demás signatarios. Los tres intentos
fallidos de hacerlo de los ministros y las ministras de Finanzas de la Unión Europea llevan a que
todavía no haya acuerdo sobre su transposición a la legislación comunitaria.

**El artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a una
disposición de los tratados por la cual la votación por unanimidad puede ser sustituida por una
votación por mayoría cualificada cuando haya distorsiones de la competencia en el mercado interior.

***La cooperación reforzada es un procedimiento que permite a un mínimo de nueve Estados
miembros de la Unión Europea cooperar en un ámbito concreto dentro de la Unión Europea, si la
Unión en su conjunto no puede acordar dicha cooperación en un plazo razonable. El procedimiento
está diseñado para superar el estancamiento cuando una propuesta concreta es bloqueada por uno
o más Estados miembros.

Este procedimiento se ha utilizado en varias ocasiones, por ejemplo en los ámbitos del derecho de
divorcio y de las patentes, así como para proteger los intereses financieros de la Unión Europea
mediante la creación de la Fiscalía Europea.

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