La crisis de la Covid-19 ha expuesto varios problemas estructurales que afrontan demasiados trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea que se han trasladado a otro país de la Unión Europea, especialmente en los sectores agrícola y de la construcción y en la prestación de cuidados. En un debate en el plenario del Parlamento Europeo hoy, los Socialistas y Demócratas le pedirán a la Comisión Europea que garantice una responsabilidad general conjunta y solidaridad a lo largo de toda la cadena de subcontratación. Reforzar la responsabilidad de los principales contratistas en las cadenas de subcontratación, garantizando legalmente el pago de todas las contribuciones a la seguridad social y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, mejoraría notablemente la situación de los derechos de los trabajadores móviles. Está previsto que el pleno del plenario del Parlamento Europeo adopte el informe parlamentario sobre los trabajadores móviles este miércoles.

Alicia Homs, eurodiputada del Grupo S&D que se ocupa de los trabajadores móviles, afirmó:

“A los trabajadores y las trabajadoras móviles, que trabajan en otro país de la Unión Europea, les falta protección. Afrontan el riesgo muy real de que su empleador de repente se evapore una vez que hayan concluido el trabajo y se queden sin remuneración o sin contribución a la seguridad social. Queremos que los principales contratistas asuman una mayor responsabilidad para poder acabar con esta clase de explotación. Si uno de los subcontratistas que han contratado a un asalariado para un trabajo no le paga o le niega sus contribuciones a la seguridad social, el contratista principal tendrá que dar un paso al frente. Le pedimos a la Comisión Europea que garantice una responsabilidad general conjunta y solidaria a lo largo de toda la cadena de subcontratación.

“En la actualidad, cerca del 4% de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea en edad de trabajar reside en otro país de la Unión Europea, y hay un creciente número de trabajadores y trabajadoras que viajan diariamente de un país a otro o son trabajadores desplazados o de temporada. No podemos permitir que el Mercado Único se vea debilitado por aquellos que presionan para debilitar los derechos de los trabajadores, reducir los salarios y empeorar las condiciones laborales. La Unión Europea debe incrementar sus esfuerzos con objeto de proteger mejor a estos ciudadanos que han seguido la promesa de la libre circulación de todos los europeos y las europeas”.

Agnes Jongerius, eurodiputada del Grupo S&D y portavoz de Empleo y Derechos Sociales, añadió:

“Debemos frenar la tendencia de abrir el mercado laboral de la Unión Europea a ciudadanos y ciudadanas que no sean de la Unión Europea en base a capacidades. Puede que esa iniciativa tenga buenas intenciones, pero implica un gran coste humano. Al usar las “cualificaciones” como base, las “capacidades” se abren a un gran número de interpretaciones y, como resultado, corremos un riesgo muy real de una mayor explotación de los trabajadores y las trabajadoras. En la actualidad, los empleadores y las agencias de trabajo temporal de los Países Bajos contratan trabajadores de Kazajstán, Moldavia, Nepal y Filipinas para trabajar en logística, transporte, agricultura –y con demasiada frecuencia en condiciones muy duras y que debilitan los estándares laborales locales. Todos los trabajadores y las trabajadoras –ya sean locales, móviles de otros países de la Unión Europea o personas que no son ciudadanos de la Unión Europea– se merecen trabajar y beneficiarse de los mismos estándares elevados del país de acogida. Quienes trabajan juntos deben ser colegas y no competidores en una carrera de mínimos”.   

Eurodiputados que participan
Jefa de delegación
Coordinadora
Los Países Bajos
Miembro
España
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