Hoy han concluido meses de negociaciones de los reglamentos transitorios de la Política Agrícola Común (PAC), trayendo buenas noticias a los agricultores y las agriculturas europeos. Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D han conseguido incluir elementos clave relacionados con la distribución de los fondos, en el contexto de las secuelas de la pandemia de la COVID-19, en el acuerdo sobre la transición a la próxima PAC. En un siguiente paso, depende ahora del Consejo Europeo garantizar que el próximo presupuesto de la Unión Europea es apto para abordar los problemas del sector agrícola europeo.

Clara Aguilera, negociadora del Grupo S&D para el informe, afirmó:


“Nuestro objetivo es dar estabilidad y certidumbre jurídica a los agricultores y las agricultoras europeos hasta que la próxima PAC esté lista para su implementación, y también incluir algunos nuevos elementos relacionados con el mercado, que son muy relevantes en este periodo que ha dificultado la pandemia de la COVID-19 y sus secuelas.

“El acuerdo político alcanzado el 30 de junio en las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea les da certidumbre jurídica a los agricultores y las agricultoras ampliando dos años la actual PAC. Ahora los Estados miembros deben acordar los niveles de financiación en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027”.

Nota para los redactores:

Las principales medidas que se han acordado son:

• La ampliación de la PAC hasta finales de 2022; son así dos años más, frente a la propuesta original de un año de la Comisión Europea.

• La ampliación de la actual programación de desarrollo rural hasta finales de 2025, incluyendo LEADER (la iniciativa comunitaria de desarrollo rural), que habría concluido, de otro modo, en diciembre de este año. 

• La ampliación de las medidas plurianuales que puede seguir financiando el desarrollo rural (los regímenes agromedioambientales; el bienestar animal) a un periodo de entre uno y cinco años, con una nueva ampliación en casos excepcionales, en comparación con el máximo de tres años propuesto por la Comisión Europea. La financiación plurianual también se reinstala ahora para la agricultura orgánica.

• El refuerzo de la gestión de los riesgos en línea con los resultados del Reglamento Omnibus, reduciendo el umbral desencadenante de pérdidas del 30% al 20% para activar los fondos comunes ante episodios climáticos adversos y estabilizar los ingresos agrarios, facilitando seguridad respecto a los instrumentos de estabilización y producción en relación con los ingresos sectoriales.

• La ampliación de los programas operativos previstos por la OCM (la Organización Común de los Mercados Agrícolas) hasta finales de 2022. Además, los programas operativos apícolas y de frutas y verduras previstos en la OCM seguirán hasta finales de 2022. Las organizaciones de productores del sector F&V podrán continuar hasta el final previsto de los programas actuales, sin que deban notificarlo nuevamente a la Comisión Europea.

• La ampliación de los derechos de plantación de viñas, convirtiendo los derechos en autorizaciones hasta finales de 2022, con la finalidad de tener en cuenta algunas de las demoras en la plantación debido a los efectos de la COVID-19 sobre la capacidad de plantación en los campos.

• Reglamento para la comercialización del aceite de oliva y el aceite de mesa, dándoles a los Estados miembros la posibilidad de definir normas de comercialización de cara a estabilizar el funcionamiento del mercado, como ya sucede en el caso del vino.

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