La Unión Europea se enfrenta actualmente a una acuciante crisis de la vivienda que afecta a personas de diversos grupos de ingresos. Muchas de las personas con ingresos de medios a bajos lidian con problemas de asequibilidad, costes excesivos, condiciones de vida deficientes y el riesgo de quedarse sin hogar o ser desahuciadas. Los trabajadores/as pobres, las personas mayores, las familias monoparentales, la juventud, así como los/las migrantes y los/las refugiados/as, se llevan la peor parte.
Esta crisis tiene sus causas profundas en la creciente desigualdad socioeconómica, la financierización a gran escala de la vivienda y el suelo, así como en unos sistemas de alojamiento insostenibles que priorizan los beneficios sobre los derechos humanos.
Unas condiciones de vivienda inadecuadas afectan negativamente a la salud física y mental, la calidad de vida y la dignidad de las personas, así como a su acceso al empleo y a servicios esenciales.
Los fallos del mercado de la vivienda ponen en peligro la Europa social, aumentan el sinhogarismo y la pobreza y socavan la confianza en la democracia.
Tenemos que desarrollar políticas que garanticen una oferta de vivienda adecuada al tiempo que establecen un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de nuestras comunidades. ¿Nuestro objetivo? Unos espacios donde vivir asequibles y prósperos para todos y todas.
Un plan de la UE encaminado a garantizar una vivienda digna y asequible debe incluir los siguientes elementos:
- Regulación del mercado europeo de la vivienda
- Fomento de la inversión pública en vivienda social ecológica
- Contención de los precios de la vivienda
- Lucha contra el sinhogarismo
- Garantía de viviendas dignas para los niños y niñas
La vivienda es un bien social y un derecho humano, no un producto con el que comerciar y especular.
Sin embargo, los fondos inmobiliarios en la zona del euro han aumentado hasta la friolera de 1 billón €, un aumento considerable con respecto a los 350.000 millones € registrados en 2010. ¿Y cómo ha sucedido? La respuesta radica en los privilegios especiales concedidos a los promotores e inversores privados.
Estos privilegios abarcan exenciones del impuesto sobre las plusvalías, garantías fiscales, una fiscalidad reducida sobre los ingresos de alquiler e incluso incentivos relacionados con las herencias. ¿La consecuencia? Los inversores institucionales dedicaron la ingente suma de 64.000 millones € a adquisiciones de viviendas solo en 2020.
Lo que preocupa es que los promotores e inversores privados están ejerciendo una considerable influencia sobre nuestros sistemas de vivienda. Contemplan la vivienda como un producto básico especulativo, disociándola de su función social fundamental.
Algunas prácticas nacionales han agravado la situación. Se han otorgado beneficios fiscales a los especuladores inmobiliarios, se ha favorecido a los propietarios de viviendas con incentivos fiscales, se han introducido “visados dorados” para atraer a inversores extranjeros e incluso se han desregulado los mercados del alquiler.
Hemos de recuperar nuestra vivienda de las garras de los especuladores e inversores. Hagamos de la vivienda un derecho fundamental, accesible para todos y todas, en lugar de un privilegio para el disfrute de unos pocos elegidos. Únete a nuestro movimiento a favor de una vivienda equitativa, para que todo el mundo encuentre un lugar al que llamar hogar, independientemente de sus medios económicos. Juntos/as, podemos revertir la tendencia y garantizar una vivienda asequible y de alta calidad para todos y todas.
Esto es por lo que luchamos:
- límites a la privatización de la vivienda pública o social
- una normativa adecuada sobre alquileres
- plena transparencia de las inversiones en vivienda residencial
- frenar la reventa de propiedades a corto plazo
- contener la “turistificación” o el “efecto Airbnb” del mercado de la vivienda.
La UE debe garantizar que haya suficiente vivienda social asequible y de alta calidad, prestando una especial atención a la sostenibilidad.
Al menos el 30% de todas las nuevas viviendas deberían ser vivienda asequible para los grupos de rentas más bajas y al menos el 30%, vivienda asequible para el grupo de renta media.
Ha llegado el momento de dar prioridad a la vivienda social en cuanto que inversión vital. En muchos países, el gasto en vivienda social se queda por detrás de otros ámbitos del gasto público, mientras que su demanda nunca ha sido mayor. Las personas con las rentas más bajas se ven asfixiadas a la hora de afrontar los costes de la vivienda, y la subida de los tipos de interés solo empeora las cosas.
Asimismo, tenemos que garantizar una vivienda social ecológica. Esto no solo implica priorizar los criterios de sostenibilidad sino también garantizar el acceso a instalaciones recreativas, centros comunitarios, parques y espacios verdes, especialmente en nuestros barrios más desfavorecidos.
Es también por este motivo que la reforma de las normas fiscales de la UE, que se está negociando actualmente, reviste tanta importancia. Esta reforma es clave para favorecer una agenda de inversión pública ambiciosa.
Por ese mismo motivo, la Comisión Europea debería revisar las normas estatales de la UE ampliando el grupo destinatario de la vivienda social para garantizar verdaderamente una vivienda asequible para todo el mundo. Concretamente, la Comisión debería adaptar adecuadamente la definición de grupo destinatario de vivienda social en la legislación sobre servicios de interés económico general. La UE debería optar por un concepto amplio de vivienda social como modelo universalista, según el cual la vivienda social iría dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de crear barrios socialmente mixtos.
A principios de 2022, los hogares de la zona del euro se enfrentaron a la subida más acusada de los precios de consumo en décadas, combinada con el primer aumento de los tipos de interés en más de una década. Estos elevados tipos hipotecarios han dado lugar a un notable impulso de los precios de la vivienda en la UE, acercándose a un crecimiento del 10% en el primer trimestre de 2022, un nivel que no se había registrado desde principios de la década de 1990.
Los tipos hipotecarios desorbitados están expulsando a las familias del mercado de la vivienda, y con la subida de los tipos de interés de los nuevos préstamos, sigue aumentando la carga sobre los propietarios, especialmente en lugares con hipotecas de interés variable.
Los costes de la vivienda están aumentando considerablemente año tras año, superando con creces nuestra renta disponible. Para muchos europeos y europeas, la vivienda es su mayor gasto. ¿Qué está provocando que estos precios se disparen? La especulación inmobiliaria es la principal culpable, puesto que está elevando los costes de la vivienda a niveles insostenibles.
La carga recae con más fuerza sobre aquellas personas que se encuentran en la parte inferior de la escala de ingresos. Entre 2010 y 2023, los precios de alquiler han aumentado un 20%, mientras que los precios de la vivienda se han disparado en un nada desdeñable 46%. Los precios de la vivienda se han más que duplicado en Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Chequia y Austria.
La ineficiencia de los mercados inmobiliarios está generando desigualdades en los ingresos y la riqueza en la UE. La intervención pública en el mercado hipotecario no es solo una buena idea: es un apremiante imperativo de justicia social. Resulta fundamental para una distribución equitativa de la riqueza.
Ha llegado el momento de pasar a la acción:
- La UE debe introducir un techo temporal para los tipos a fin de frenar la rápida subida de los tipos hipotecarios.
- A fin de garantizar la justicia social, los bancos y los gobiernos deben tomar medidas para proteger a los más vulnerables.
- Deben incluirse planes nacionales de vivienda asequible en los Programas Nacionales de Reformas (PNR)*.
*Los Programas Nacionales de Reformas son un elemento esencial de la gobernanza económica de la UE. Ofrecen un planteamiento estructurado para definir las políticas económicas y fiscales en los Estados miembros, atendiendo a los objetivos generales de estabilidad, crecimiento y creación de empleo. Estos planes constituyen la base para una acción coordinada.
En 2023, casi 900.000 de europeos y europeas carecen de hogar.
El sinhogarismo socava profundamente la dignidad humana. También viola múltiples derechos humanos, como el derecho a la vivienda, a la no discriminación, a la salud, al acceso al agua potable y al saneamiento, a la seguridad personal y a no sufrir un trato cruel, inhumano o degradante.
Las personas sin hogar y aquellas que viven en vivienda informal suelen enfrentarse a criminalización, acoso y un trato discriminatorio.
A fin de combatir el sinhogarismo:
- Todos los países de la UE deben acogerse al programa “Housing First” (La vivienda primero) destinado a luchar contra el sinhogarismo.
- Debe ponerse fin a la criminalización de las personas sin hogar.
- La aporofobia (actitudes y sentimientos negativos hacia la pobreza y las personas pobres) debe reconocerse como un delito de odio.
- La discriminación contra las personas sin hogar debe prohibirse en toda la UE.
Los hogares con niños/as corren un riesgo cada vez mayor de experimentar graves dificultades con la vivienda. Muchas familias con rentas bajas se ven obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento, mientras que la escasa disponibilidad de vivienda social da lugar a listas de espera angustiosamente largas.
La calefacción inadecuada y el acceso insuficiente al agua potable y al saneamiento siguen siendo problemas generalizados en varios Estados miembros. Estos problemas no solo afectan al bienestar de nuestros niños y niñas, sino que también tienen repercusiones sobre su salud, crecimiento y educación. Es fundamental que comprendamos que una vivienda adecuada constituye el cimiento mismo de un entorno propicio para el desarrollo y el aprendizaje de nuestra infancia.
Nuestros mensajes clave:
- Ningún/a niño/a debería vivir en una vivienda fría y hacinada.
- Debe garantizarse el derecho de la infancia a una vivienda adecuada a través de medidas públicas.
- El presupuesto de la Garantía Infantil Europea debe incrementarse en al menos 20.000 millones €.
