“Los gobiernos europeos deben descartar sus preocupaciones financieras y garantizar que se otorga una protección especial a los niños sobre los que pesan cargos, tanto en una comisaria como ante un juez”, han dicho hoy los Socialistas y Demócratas Europeos en Bruselas, después de la adopción, por parte de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de un proyecto de disposiciones para reforzar las salvaguardas de los menores en los procedimientos penales.
Según las estimaciones de la Comisión Europea, cada año, más de un millón de niños están inmersos en procedimientos penales en la Unión Europea, y la situación varía según los distintos países europeos. En el Reino Unido, por ejemplo, los niños pueden ser acusados de delitos a los diez años de edad.
En la actualidad, solo seis Estados miembros (Bélgica, la República Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia) disponen de servicios específicos de fiscalía juvenil, y nueve Estados miembros ni siquiera tienen tribunales juveniles. La formación específica de jueces y abogados que trabajen en contacto con niños es obligatoria solo en doce Estados miembros. En algunos Estados miembros, no existe una obligación jurídica de que los niños sean asistidos por un abogado; en otros, solo está disponible en los tribunales, pero no en las comisarias; y, en ciertos países, la decisión depende del tribunal competente.
Según el proyecto de disposiciones que han apoyado los eurodiputados y las eurodiputadas, los niños siempre tendrán que ser asistidos por un abogado, desde que se les imputen los primeros cargos, si hace falta. La asistencia jurídica será un derecho obligatorio que no puede descartarse en ninguna circunstancia.
Además, tienen que grabarse las entrevistas que se hagan a menores durante la investigación y los niños también tendrán derecho a ponerse en contacto con sus padres y recibir su ayuda. En caso de ser detenidos, los menores tendrán que estar separados de los adultos. Finalmente, los procedimientos penales en los que haya menores deben celebrarse a puerta cerrada para protegerles de la estigmatización y de los medios de comunicación.
Caterina Chinnici, ex jueza y eurodiputada del Grupo S&D que ha elaborado estas propuestas en nombre del Parlamento Europeo, dijo:
“La votación de hoy es un paso importante para establecer normas comunes mínimas que garanticen un juicio justo a los niños en todas las etapas de las investigaciones y los procedimientos penales.
“Los dos objetivos principales recogidos en nuestras propuestas son: el interés superior del menor y mejorar el nivel de las salvaguardas de procedimiento de los menores que sean sospechosos, en particular, en relación con el acceso a un abogado”.
Tanja Fajon, eurodiputada y vicepresidenta del Grupo S&D, dijo:
“Estas disposiciones no significan que los menores no tengan que responder por su mala conducta, como lo establece la legislación nacional. Sin embargo, no podemos pretender que un niño de 12 años pueda defenderse como podría hacerlo un adulto ante un policía o un fiscal. Sería totalmente injusto y también peligroso; por lo tanto, queremos asegurarnos de que se refuerzan sus salvaguardadas debido a su edad y a su vulnerabilidad”.
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