La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha aprobado hoy nuevas propuestas para luchar contra el fraude y la falsificación de tarjetas de crédito. La nueva normativa también cubrirá otros pagos que no sean en efectivo como los débitos directos, los pagos a través del móvil o las transacciones con monedas virtuales.
La eurodiputada del Grupo S&D y negociadora del Parlamento Europeo para las nuevas normas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, dijo:
“La digitalización ha cambiado totalmente la forma en la que pagamos las cosas. Cada vez usamos menos el dinero y utilizamos en cambio tarjetas de crédito y otras formas de pago. Ello nos facilita la vida, pero también ha llevado a un enorme incremento de los casos de fraude y falsificación. Aunque faltan datos concretos a nivel de la Unión Europea, la Comisión Europea estima que el coste anual del fraude en pagos que no se hacen en efectivo gira en torno a los 2.000 millones de euros. Es una cantidad enorme que seguirá aumentando conforme paguemos más cosas por internet y con métodos de pago sin contacto.
“Nuestras normas actuales datan de 2001 y no se ocupan de muchos de los avances tecnológicos que se han producido desde entonces, como la utilización de las monedas virtuales. Estas nuevas propuestas ayudarán a abordarlos y facilitarán más protección a las víctimas de los ciberdelitos. Hemos conseguido reforzar las propuestas que presentó la Comisión Europea. Hemos mejorado el nivel de asistencia que se presta a las víctimas del fraude con medios de pago que no sean en efectivo, considerando también la reacción en cadena que genera, como el daño a la reputación o la pérdida de calificación crediticia. También hemos incluido propuestas para facilitar que se denuncien delitos, incluyendo la creación de sistemas nacionales de información del fraude en línea que sean seguros, así como una mayor participación de Eurojust y Europol en el intercambio de información sobre los delitos transfronterizos.
“Presionaremos para concluir esta legislación lo antes posible de forma que se garantice que los consumidores y las consumidoras europeos están bien protegidos”.
