El Grupo S&D se opone a la inclusión de mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados en los acuerdos comerciales en los que existan otras alternativas que permitan garantizar la protección de las inversiones, ya sea a escala nacional o internacional. En los acuerdos con países que dispongan de ordenamientos jurídicos plenamente operativos y en los que no se hayan identificado riesgos de injerencia política en el poder judicial o de denegación de justicia, no es necesario aplicar dichos mecanismos.

El Grupo S&D defiende con firmeza el principio de que los inversores extranjeros y nacionales deben recibir un trato justo e igualitario que debe quedar respaldado por disposiciones materiales sobre protección de las inversiones en los acuerdos comerciales.