Se espera que el Parlamento Europeo apruebe mañana el Fondo Social para el Clima, que es un componente fundamental del paquete de medidas «Objetivo 55» concebido para conciliar la acción por el clima con la justicia social.
Como parte de su compromiso con la lucha contra el cambio climático y el fomento de la justicia social, el Grupo S&D ha realizado importantes contribuciones a este ambicioso instrumento de protección destinado a ayudar a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables en la transición hacia la neutralidad climática.
El Fondo está vinculado al nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), que ahora también abarcará las emisiones de los edificios y del transporte por carretera. Para contrarrestar el riesgo de subida de los precios de la energía en estos sectores, el Grupo S&D ha defendido unas medidas ambiciosas y financiación para brindar apoyo a los hogares vulnerables, los usuarios del transporte y las microempresas, que se ven desproporcionadamente afectados por la transición hacia una energía limpia.
Parte de los ingresos procedentes del nuevo RCDE servirán para financiar el Fondo*, que, a su vez, se utilizará para realizar inversiones basadas en proyectos destinadas a promover la eficiencia energética, las renovaciones de edificios y la movilidad sin emisiones, así como para efectuar pagos directos a los hogares de bajos ingresos a nivel nacional.
Petar Vitanov, negociador del Grupo S&D en la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, ha declarado:
“El Fondo Social para el Clima es una importante iniciativa que garantizará que nadie se quede atrás en la transición hacia una economía más sostenible. Estamos orgullosos/as de contribuir a este esfuerzo y trabajar en pro de una Europa más justa y climáticamente neutra.
Los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas, que ya gastan una proporción de sus ingresos superior a la media en energía, serán los más afectados por la inclusión del transporte por carretera y los hogares en el nuevo RCDE. Dado que la definición de pobreza energética de la UE era demasiado restrictiva, nuestro Grupo ha logrado ampliar su ámbito de aplicación para abarcar también la pobreza en el transporte, con lo que se atenderá mejor a las necesidades de los usuarios del transporte que pasan a una movilidad sin emisiones.
El Fondo Social para el Clima responderá a los impactos reales en los precios debido a la aplicación del principio de “quien contamina paga”. A medida que aumenten los precios del carbono, el Fondo también se incrementará para amortiguar el impacto en los hogares vulnerables y los usuarios del transporte. Gracias a nuestro empeño, el Fondo empezará a aplicarse el año que viene para que la ciudadanía pueda beneficiarse de él lo antes posible”.
Klára Dobrev, negociadora del Grupo S&D en la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ha afirmado:
“Solo con la justicia social como principio rector de cada iniciativa podremos aumentar la resiliencia de la UE frente a las diversas amenazas. En este sentido, debemos garantizar una justicia medioambiental en beneficio de las comunidades desfavorecidas que se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de inversiones en infraestructuras críticas, la contaminación y el cambio climático.
El Fondo Social para el Clima constituirá una herramienta esencial para lograr nuestro objetivo de garantizar que todo el mundo tenga acceso a energías y transportes sostenibles asequibles, y que nadie se quede atrás mientras avanzamos hacia una sociedad que preserve el planeta para las generaciones futuras. Sin embargo, reclamamos más herramientas para abordar el impacto desigual del cambio climático y la degradación medioambiental en los distintos grupos de ingresos, así como las consecuencias sociales de la transición de nuestras sociedades hacia la neutralidad climática.
Por tanto, instamos a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a que se apoyen en el Fondo Social para el Clima para desarrollar regímenes de protección social ecológicos a nivel nacional con el fin de reforzar la resiliencia social frente a los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental. Estos regímenes podrían incluir, entre otras cosas: protección social de la salud para las personas afectadas por el cambio climático; protección por desempleo para los trabajadores/as que pierden su empleo debido a fenómenos climáticos extremos o al cierre de industrias intensivas en carbono, y regímenes de financiación para ayudar a los hogares a emprender renovaciones energéticas a fin de atajar la pobreza energética”.
* El Fondo Social para el Clima se establecerá a lo largo del período 2026-2032. En su primer año, se financiará con los ingresos obtenidos de las subastas de derechos de emisión del actual RCDE, que se estiman en torno a los 4.000 millones de euros. Una vez que el nuevo RCDE entre en vigor en 2027, el Fondo Social para el Clima se financiará con subastas de derechos de emisión del RCDE por un importe de hasta 65.000 millones de euros, más un 25% adicional que quedará cubierto por fondos nacionales, lo que, según las estimaciones, ascenderá a un total de 86.700 millones de euros.
