Hace solo dos meses, el Parlamento Europeo estaba listo para negociar un trabajo sin amianto, con un firme mandato para entablar conversaciones con los Estados miembros de la UE. Las posiciones estaban muy alejadas. Sin embargo, hoy, los colegisladores han aprovechado inesperadamente la coyuntura para llegar a un acuerdo bajo la Presidencia sueca sobre la revisión de la ley europea sobre la protección de los trabajadores contra el amianto. Este acuerdo mejorará considerablemente la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras que se ven expuestos al amianto.
Se ha llegado a un buen acuerdo sobre la base de la tecnología utilizada para medir la exposición al amianto. Actualmente, en la UE, se utilizan dos microscopios electrónicos distintos para medir las fibras de amianto en el aire. El acuerdo alcanzado hoy permite a los Estados miembros seguir utilizando, o implantar, cualquiera de los dos microscopios asegurándose de que quede garantizada una protección equivalente de los trabajadores/as. Esto supone un valor límite de 10.000 fibras/m3 en el caso de la microscopía de transmisión que mide fibras más finas y 2.000 fibras/m3 en el caso de la microscopía de barrido que mide fibras más gruesas. Habrá un período de transición de 6 años para introducir algunas de estas medidas.
La eurodiputada Marianne Vind, negociadora del Grupo S&D sobre la legislación de la UE relativa a la protección de los trabajadores contra el amianto, ha declarado:
“No hay niveles seguros de exposición al amianto. La propuesta de la Comisión supuso una mejora de la situación actual. Sin embargo, puesto que se espera un rápido aumento de la exposición al amianto, el Parlamento cree que tenemos que ser más ambiciosos. Está previsto que en la UE se renueven alrededor de 220 millones de edificios en 30 años como parte de la oleada de renovación, con el objetivo de adecuar los edificios a un futuro climáticamente neutro de aquí a 2050.
Además de los límites de exposición, hemos pedido muchas otras mejoras. Hemos logrado unas disposiciones más rigurosas y detalladas sobre protección y equipos de protección individual, formación, notificación, descontaminación y vigilancia médica, en particular una lista actualizada de enfermedades relacionadas con el amianto. Otro gran éxito para nuestra familia política ha sido la restricción del encapsulado o el sellado del amianto. La eliminación del amianto debería ser siempre la primera opción. Para conseguirlo, debe haber un sistema de detección obligatorio. Asimismo, hemos logrado que se reconozca el elevado riesgo de exposición pasiva de los trabajadores/as, como profesores/as, que trabajan en edificios donde hay amianto descomponiéndose o alterado debido a trabajos de reparación o construcción, así como de exposición secundaria de los familiares de trabajadores/as que traen a casa ropa contaminada. Por último, nos hemos asegurado de que la exposición esporádica o de poca intensidad no justifique que no se ofrezca la máxima protección a los trabajadores/as”.
La eurodiputada Agnes Jongerius, portavoz del Grupo S&D en materia de empleo, ha añadido:
“La salud y la seguridad en el trabajo siempre han sido nuestra máxima prioridad. Una normativa europea rigurosa sobre el amianto en el trabajo constituye una parte fundamental de estos esfuerzos, pero necesitamos medidas más enérgicas para conseguir una Europa y un mundo sin amianto.
Ahora esperamos que la Comisión presente, sin dilación, las propuestas legislativas prometidas sobre el cribado y el registro obligatorios del amianto en los edificios, la revisión del Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE, y las directrices para las auditorías de residuos antes de las obras de demolición y renovación de edificios, prestando especial atención a las obras de renovación y el amianto.
Cada año mueren en el mundo alrededor de 250.000 personas como consecuencia de la exposición al amianto. Nuestro objetivo último es una prohibición total. Solo un trabajo sin amianto será un trabajo seguro, y solo un mundo sin amianto será un mundo seguro”.
*Nota para los redactores/as:
Aunque el amianto está prohibido en la Unión Europea desde 2005, e incluso antes en muchos Estados miembros, muchos edificios construidos antes de esa fecha siguen conteniendo amianto, y el 80% de los cánceres profesionales reconocidos en la Unión están asociados a esta sustancia.
Se estima que entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores/as están expuestos al amianto. El 97% de estos trabajadores/as pertenecen al sector de la construcción, lo que incluye profesiones relacionadas como techadores, fontaneros, carpinteros e instaladores de suelos, pero también bomberos, y el 2% trabajan en la industria de la gestión de residuos.
Según datos de 2019, la exposición profesional al amianto se cobra en torno a 88.000 vidas al año, y se espera que este número aumente a finales de la década de 2020 y durante la década de 2030.
Se ha observado un mayor riesgo de padecer cáncer en las personas que se ven expuestas incluso a niveles muy bajos de amianto o que sufren una exposición pasiva o secundaria.
Se calcula que los costos del cáncer profesional en la Unión Europea se sitúan entre los 270.000 y los 610.000 millones € al año, lo que equivale al 1,8%-4,1% del PIB.
En septiembre de 2022, la Comisión propuso una revisión de la Directiva de 2009 destinada a proteger a los trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto. Hoy, los colegisladores, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE, han negociado un acuerdo sobre la base de esa propuesta. Este acuerdo todavía tiene que ser confirmado oficialmente por ambas partes.
