Este martes 11 de julio, el Parlamento Europeo adoptará una serie de medidas para poner fin a la extendida práctica de las demandas judiciales abusivas destinadas a silenciar a periodistas y a la sociedad civil.
Los Socialistas y Demócratas llevan años dando la voz de alarma sobre el creciente número de periodistas, entes de vigilancia y defensores de los derechos humanos que están amenazados en la UE como víctimas de las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP). Estos procedimientos judiciales infundados y abusivos, utilizados por los ricos y poderosos, intentan disuadir a las voces críticas de sacar a la luz cuestiones de interés público. Estos procesos abusivos no solo cuestan tiempo y dinero y tienen un fuerte impacto psicológico en las víctimas, sino que también provocan un deterioro de nuestras democracias y nuestro Estado de derecho.
El proyecto de ley del Parlamento establece normas concretas para ofrecer una protección a escala de la UE a aquellas personas que trabajan al servicio del interés público, incluida la creación de una “ventanilla única” a nivel nacional, a la que las víctimas de DECPP puedan recurrir para recibir ayuda de redes nacionales especializadas de abogados, juristas y psicólogos.
El Parlamento Europeo votará mañana su informe titulado “Protección de periodistas y defensores de los derechos humanos frente a demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas”. Está previsto que los diálogos tripartitos comiencen este miércoles 12 de julio, y la nueva Directiva debería adoptarse antes de que acabe el año.
Tiemo Wölken, eurodiputado del Grupo S&D y ponente del Parlamento Europeo sobre el informe “Protección de periodistas y defensores de los derechos humanos frente a demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas”, ha declarado:
“Los periodistas, entes de vigilancia y defensores de los derechos humanos son la columna vertebral de nuestras democracias y deberían poder realizar su trabajo sin miedo y sin ser objeto de intimidación jurídica. El Estado de derecho, la libertad de expresión y la libertad de asociación se verán socavados si no tomamos medidas frente a este tipo de demandas dañinas. La votación de la Eurocámara de esta semana resulta crucial para garantizar que nuestros tribunales no sean patios de recreo para el beneficio personal de los ricos y poderosos.
El proyecto de ley contiene varias propuestas clave del Grupo S&D, como la indemnización por daños y perjuicios para las víctimas de DECPP. Asimismo, prevé la creación de protección jurídica frente a la práctica de la “búsqueda de un foro de conveniencia”, que se produce cuando una parte demandante interpone una demanda en un país distinto a aquel en el que vive la parte demandada porque tiene una legislación sobre libertad de expresión menos rígida u honorarios legales más elevados.
Teniendo en cuenta el mundo digital de hoy, hemos logrado introducir una definición más amplia de los asuntos con repercusiones transfronterizas al ampliar el ámbito de aplicación de las cuestiones de interés público a cualquier cuestión a la que se pueda tener acceso por internet. Este sería el caso, por ejemplo, de las campañas en las redes sociales o la cobertura de los medios de comunicación en línea.
Las próximas negociaciones tripartitas no serán fáciles, ya que el Consejo ha debilitado considerablemente muchas de las propuestas de la Comisión, en particular el concepto de casos transfronterizos. Sin embargo, confío en que consigamos encontrar una solución con la Presidencia española y el Consejo. A fin de cuentas, todos/as compartimos el mismo objetivo: proteger adecuadamente nuestras democracias”.
