Las comisiones de Justicia y Asuntos Económicos del Parlamento Europeo han adoptado hoy una posición firme sobre la nueva legislación de lucha contra el blanqueo de capitales, que introduce un nuevo código normativo único y una nueva autoridad de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo de la legislación es unificar las normas nacionales existentes, que están demasiado fragmentadas y mal coordinadas, de manera que se garantice una mejor aplicación de estas normas y se refuerce nuestra lucha colectiva contra el blanqueo de capitales.
En las negociaciones, los Socialistas y Demócratas han logrado mejorar considerablemente la propuesta de la Comisión Europea con varios elementos importantes: ampliación de la lista de entidades obligadas a cumplir la legislación, introducción de registros obligatorios de propietarios de terrenos y bienes inmuebles y de determinados bienes de elevado valor, y refuerzo de las funciones de la nueva autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales*.
La posición que han adoptado hoy las dos comisiones responsables —la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)— constituirá el mandato del Parlamento Europeo para las negociaciones con los Estados miembros de la UE, cuyo inicio está previsto para mayo. A lo largo de todo el proceso, seguiremos esforzándonos por hacer que esta legislación sea lo más eficaz posible.
El eurodiputado Eero Heinäluoma, negociador en la comisión ECON sobre la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, ha declarado:
“Este es sin duda uno de los principales expedientes legislativos del actual mandato parlamentario. Indiscutiblemente, es también uno de los más necesarios, como han demostrado los diversos escándalos surgidos en los últimos años, como los de Danske Bank y Credit Suisse.
Hay muchos otros factores que también exigen una mejor aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales. Por ejemplo, recientemente se informó de que el año 2022 fue un año récord en cuanto a multas por blanqueo de capitales. Las instituciones financieras han pagado más de 5 000 millones de dólares en multas por incumplimiento de la normativa vigente”.
El eurodiputado Paul Tang, negociador en la comisión LIBE sobre la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, ha añadido:
“Tras incluir a los oligarcas rusos en la lista de sanciones de la UE, vimos cómo superyates, aviones y coches de carreras escapaban rápidamente de la UE. Las autoridades no fueron capaces de evitarlo, lo que puso de manifiesto una vez más que los países de la UE tienen dificultades a la hora de localizar a los verdaderos propietarios cuando se trata de bienes e inmuebles de elevado valor.
Es por ello que el Grupo S&D ha luchado con éxito por un registro centralizado de vehículos, barcos y aviones caros, y por la divulgación obligatoria de todos los bienes almacenados en zonas francas o depósitos aduaneros. Al mismo tiempo, el Grupo S&D ha destacado la importancia de restablecer el acceso de los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil a datos sobre titularidad real. También hemos introducido fuertes salvaguardias de los derechos fundamentales, por ejemplo, la presencia de un agente de derechos fundamentales en cada unidad de inteligencia financiera. Estoy orgulloso de esta legislación y deseando que los Estados miembros de la UE se sumen a nuestros esfuerzos por fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales”.
*Nota para los redactores/as:
El paquete legislativo para la lucha contra el blanqueo de capitales está compuesto por un Reglamento y una Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y un Reglamento por el que se crea una nueva autoridad de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A continuación, enumeramos algunas de las mejoras más relevantes logradas por el Grupo S&D:
En el marco del Reglamento sobre la lucha contra el blanqueo de capitales:
- ampliación de la lista de entidades obligadas a cumplir la legislación, con la incorporación de clubes de fútbol profesional de alto nivel, agentes deportivos, asociaciones de fútbol, promotores inmobiliarios, administradores de activos y patrimonio, y comerciantes de artículos de lujo;
- prohibición de obtener la ciudadanía mediante inversiones;
- establecimiento de disposiciones específicas relativas a clientes de alto riesgo y con un elevado patrimonio;
- fijación de medidas reforzadas de diligencia debida en relación con determinadas operaciones con criptoactivos;
- reducción del límite de los pagos aceptables en efectivo de 10 000 a 7 000 €;
- reducción del umbral para la designación de accionistas como beneficiarios efectivos de una sociedad del 25% al 15% de la participación, y al 5% en casos de mayor riesgo.
En el marco de la Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales:
- requisitos más estrictos en cuanto a licencias y capacitación para las entidades obligadas, y facultades para que los supervisores puedan comprobar la adecuación e idoneidad de los altos cargos;
- mayor transparencia y claridad sobre la propiedad efectiva de las sociedades;
- introducción de registros obligatorios de propietarios de terrenos y bienes inmuebles, de bienes de elevado valor, como coches, aviones y barcos de lujo, así como de bienes almacenados en puertos francos/zonas francas;
- introducción de un sistema de supervisión reforzada de las entidades financieras y de crédito de alto riesgo;
- normas más claras para la supervisión de entidades de grupo del sector no financiero, incluidos colegios de supervisores de la UE.
En el marco del Reglamento por el que se crea la autoridad de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALBC)
- ampliación del alcance de la supervisión directa de la ALBC a un grupo más amplio de entidades;
- nuevo papel de la ALBC en la aplicación de sanciones financieras específicas;
- facultar a la ALBC para la solución de desacuerdos entre supervisores financieros;
- mejora de la capacidad de la autoridad para reaccionar ante emergencias;
- ampliación de las competencias de la ALBC en materia de supervisión y vigilancia del sector no financiero.
