Los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo han recibido con agrado la publicación hoy, por parte de la Comisión Europea, del primer informe a nivel de la Unión Europea sobre el estado de derecho, como herramienta adicional para detectar deficiencias en la fase más temprana posible en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, reiteramos nuestra petición de disponer de un mecanismo eficiente para defender la democracia, el imperio de la ley y los derechos fundamentales en Europa, dado que, pese a iniciar el procedimiento del artículo 7 contra Polonia y Hungría, los gobiernos polacos y húngaro continúan inexorablemente comportándose de forma antidemocrática.
Kati Piri, vicepresidenta del Grupo S&D, afirmó:
“El nuevo informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de derecho dibuja una imagen lamentable de la situación en la que se encuentran la democracia y los derechos fundamentales en Europa. El informe cuenta la historia de jueces que han sido destituidos por ejercer su compromiso de mantener la independencia del poder judicial; cuenta la historia de abuso y acoso de periodistas que intentan informar sobre la verdad, y cuenta la historia de fraude y corrupción a los niveles más altos de gobierno. Pero esta historia no es nueva: ya se puso en marcha el procedimiento del Artículo 7 contra los gobiernos de Polonia y Hungría, donde asistimos a violaciones persistentes y sistémicas del estado de derecho y de los derechos fundamentales, una y otra vez.
“Pero afrontémoslo: el procedimiento del Artículo 7 no ha funcionado hasta el momento en el caso de ninguno de estos dos gobiernos. No solo no ha conseguido que se produzca algún avance, sino que ambos gobiernos siguen aplicando políticas que debilitan drásticamente la democracia. Ya no podemos permitir que Orbán y Kaczyński sigan actuando con total inmunidad. Es otro motivo por el cual debemos luchar intensamente para disponer de un mecanismo sobre el imperio de la ley que sea fuerte y efectivo, y que esté vinculando al presupuesto de la Unión Europea. La última propuesta alemana es insuficiente”.
Birgit Sippel, portavoz de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Grupo S&D, afirmó:
“El informe 2020 de la Comisión Europea sobre el estado de derecho es un buen primer paso de cara a la presentación de una herramienta efectiva para acabar con la propagación de la enfermedad antidemocrática por toda Europa. Reconocemos los beneficios de introducir un enfoque preventivo a nivel de la Unión Europea con objeto de que ayude a detectar deficiencias sobre valores europeos compartidos y comunes, se impulse un diálogo continuado a todos los niveles de la Unión Europea y se evalúe la situación de todos los Estados miembros de la Unión Europea por igual. Así, Orbán y Kaczyński ya no pueden lamentarse de que se les critica injustamente. Sin embargo, como Parlamento Europeo, hemos estado pidiendo desde hace años un mecanismo de la Unión Europea que tenga un alcance mucho mayor, que no se enfoque solamente en el imperio de la ley, sino que tenga en cuenta la protección de los derechos fundamentales y la situación de la democracia en su conjunto, que se base en una supervisión de todos los Estados miembros por parte de un panel independiente de expertos y que incluya una mayor involucración de la sociedad civil. Un informe anual de la Comisión Europea que se limite a los aspectos institucionales no servirá a ningún propósito, especialmente cuando los informes no lleven a recomendaciones concretas para cada Estado miembro.
“Si queremos que esta nueva herramienta preventiva sea creíble a ojos de los ciudadanos y las ciudadanas, cuyos derechos fundamentales estamos tratando de proteger, debemos saber que la Unión Europea tiene la valentía de actuar en caso de la existencia de un incumplimiento sistémico y persistente del imperio de la ley, la democracia y los derechos fundamentales. Tanto Polonia como Hungría, pese a estar afrontando los procedimientos del Artículo 7 desde hace varios años, han seguido aplicando inexorablemente sus formas de proceder antidemocráticas. Y el informe de la Comisión Europea demuestra que la enfermedad se está propagando, con situaciones que son preocupantes también en otros países como Bulgaria y Eslovenia. Todo ello vuelve más urgente la necesidad de disponer de un mecanismo de condicionalidad que sea contundente y eficiente en caso de la existencia de deficiencias generalizadas en lo que respecta al imperio de la ley en los Estados miembros, que actualmente se está negociando en el marco de los debates en curso sobre el nuevo MFP (Marco Financiero Plurianual)”.
