Han pasado más de tres meses desde el último intento fallido de acordar la transposición del acuerdo internacional sobre un tipo impositivo mínimo efectivo para las multinacionales a la legislación europea*. En aquel momento, lo vetó el gobierno húngaro dirigido por Viktor Orbán, a pesar de haber estado de acuerdo previamente a nivel internacional. Y ahora, cuando hoy se reúnen los ministros y las ministras de Economía de la Unión Europea, este tema urgente ni siquiera figura en el orden del día. Con un consenso cada vez mayor en relación con la fiscalización de los beneficios excesivos de las empresas, la impotencia de la Unión Europea a la hora de llegar a un acuerdo para gravar los beneficios regulares de las multinacionales a un tipo del 15% es simplemente indignante, lamentan los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D.
La eurodiputada Aurore Lalucq, portavoz de Fiscalidad del Grupo S&D, dijo:
“Con la alta inflación y el invierno que se avecina, está muy claro que todos los Estados miembros necesitarán todos los ingresos fiscales posibles a fin de proteger a los europeos y las europeas del impacto social y económico de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es sencillamente irresponsable no abordar este asunto.
“Nuestra prioridad es la aplicación urgente de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Desde hace meses me he puesto al frente de este asunto reclamando dicho impuesto sobre los beneficios excepcionales. La propuesta de la Comisión Europea va en la dirección correcta y la acogemos con satisfacción.
“Sin embargo, creemos que hay que dar un paso más y no limitarse a gravar sólo a las empresas del sector energético, sino gravar a todas las empresas que hayan obtenido beneficios excepcionales en los últimos años, en un contexto de guerra y crisis.
“También preguntamos a la Presidencia checa por qué el impuesto mínimo para las multinacionales no figura hoy en la agenda de los ministros y las ministras de Finanzas de la Unión Europea. No debe abusarse de los vetos nacionales de cara a negociar políticamente. Existen propuestas para avanzar sin la Hungría de Orbán. ¿Cuál es el siguiente paso?
“Hemos repetido en reiteradas ocasiones que hay que abandonar la unanimidad en materia fiscal. También le hemos pedido a la Comisión Europea que utilice el artículo 116** para superar esta situación y hemos solicitado la aplicación del acuerdo fiscal internacional a través de “una cooperación reforzada””.***
Nota para los redactores/as:
*En octubre de 2021, 137 países de todo el mundo alcanzaron un acuerdo histórico para introducir un tipo impositivo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, que por primera vez frena la competencia fiscal internacional. Este acuerdo, que se alcanzó en el marco de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos)/G20, debe ahora trasladarse a la legislación europea y a los marcos legislativos de todos los demás signatarios. Todavía no hay acuerdo sobre su transposición a la legislación de la Unión Europea. La aplicación de este acuerdo supondría 64.000 millones de euros anuales de ingresos fiscales adicionales para la Unión Europea. Sin embargo, justo después de que Polonia retirara su antiguo veto, ahora es Hungría la que bloquea el acuerdo. Ese veto cuestiona seriamente la viabilidad del voto por unanimidad en temas de política fiscal.
**El artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a una disposición de los tratados por la cual la votación por unanimidad puede sustituirse por el voto por mayoría cualificada cuando se produzcan distorsiones de la competencia en el mercado interior.
***La cooperación reforzada es un procedimiento que permite a un mínimo de nueve Estados miembros de la Unión Europea cooperar en un ámbito concreto dentro de la Unión Europea si la Unión en su conjunto no puede acordar dicha cooperación en un plazo razonable. El procedimiento está diseñado para superar el estancamiento cuando una propuesta concreta es bloqueada por uno o más Estados miembros. Este procedimiento se ha utilizado en varias ocasiones, por ejemplo, en los ámbitos de la ley de divorcio y las patentes, así como para proteger los intereses financieros de la Unión Europea mediante la creación de la Fiscalía Europea.
