Cuando nos acercamos al quinto aniversario de la Autoridad Laboral Europea, también conocida por sus siglas “ALE”, es evidente que necesitamos reforzar esta agencia para garantizar una verdadera protección de todos los trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea, incluidos los y las nacionales de terceros países, urgen los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.
Alrededor de 13,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de la UE viven o trabajan en otro Estado miembro, una cifra que duplica a la de hace una década, y la movilidad dentro de la UE sigue creciendo. Ante este reto, la ALE se creó en 2019 para ayudar a garantizar un cumplimiento justo y efectivo de la normativa de la UE sobre movilidad laboral, en particular en materia de libre circulación, desplazamiento de trabajadores y coordinación de los sistemas de seguridad social.
Consciente de la importancia de la misión de la ALE en la lucha contra la explotación de los trabajadores y trabajadoras, está previsto que el Parlamento Europeo adopte esta semana una resolución en la que se pida un refuerzo de su mandato. Por tanto, el Grupo S&D celebra la decisión de la actual Presidencia belga de incluir esta cuestión entre sus prioridades para los próximos seis meses.
Agnes Jongerius, eurodiputada del Grupo S&D y co-ponente del Parlamento Europeo sobre la revisión del mandato de la Autoridad Laboral Europea, ha declarado:
“Europa no solo es un lugar de trabajo para los europeos y europeas, sino también para los no europeos/as. Hay ejemplos, como el calvario que vivieron el año pasado los camioneros no remunerados en el área de descanso de Gräfenhausen, Alemania, en los que se ha explotado a nacionales de terceros países y la ALE no ha podido actuar. Cuando un empleador establecido en la UE no paga a sus trabajadores y trabajadoras o no les dispensa un trato adecuado, la ALE debería investigar y perseguir el caso, independientemente de si los trabajadores y trabajadoras son o no europeos.
“Asimismo, la ALE debería poder realizar sus propias investigaciones, y no solo cuando se la invita a ello. Esto puede ilustrarse con un sencillo ejemplo de nuestra vida cotidiana: cuando esperas invitados, limpias tu casa, mientras que los invitados inesperados pueden encontrársela hecha un desastre. La misma lógica se aplica a la ALE. Si un Estado miembro está al tanto de casos de explotación de trabajadores y trabajadoras, no será muy proclive a invitar a la ALE. Tenemos que reforzar su mandato otorgándole sus propias competencias de investigación, como sucedió en el caso de la Autoridad Bancaria Europea.
“Por último, una mención a los interlocutores sociales. ¿Quién mejor que ellos sabe qué está ocurriendo en el lugar de trabajo? Es fundamental que los interlocutores sociales también puedan presentar casos ante la ALE, y que se realice un seguimiento de los mismos, lo que quiere decir que la ALE tendría que informar de sus conclusiones”.
