Después de la adopción de hoy en el plenario de una Resolución sobre la situación de Burundi, y teniendo en cuenta la peligrosa escalada de la violencia en el país, Gianni Pittella, presidente del Grupo S&D del Parlamento Europeo, dijo:
“La situación en Burundi es insostenible. La Unión Europea y toda la comunidad internacional tienen que reaccionar ante la violación de los derechos fundamentales y las semillas de guerra que se están plantando.
“En nombre del Grupo S&D del Parlamento Europeo, le pido al gobierno que ponga fin a la violencia contra la sociedad civil y advierto que los grupos armados son un riesgo que podría generar violencia en toda la región. Las autoridades de Burundi deben restaurar la paz y la seguridad en el país.
“También quiero subrayar la ironía del hecho de que Burundi fuera elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 28 de octubre. Los procesos políticos deben respetarse y la legalidad debe restaurarse en línea con la Constitución del país. No hay alternativa”.
La eurodiputada del Grupo S&D Maria Arena dijo:
“Condenamos firmemente la escalada de la violencia, que ha sido la causa de más de 90 muertes en los últimos días. La situación actual es más que alarmante y las autoridades de Burundi deben responder por esos acontecimientos negativos y peligrosos.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación política y de seguridad que atraviesa Burundi y nuestra indignación por las detenciones arbitrarias de las autoridades, las detenciones ilegales y el desplazamiento forzado de más de 250.000 personas.
“Condenamos firmemente la violación del Acuerdo de Arusha por parte del presidente Nkurunziza al haber jurado un tercer mandando presidencial. Desde el inicio del proceso electoral en el país, expresamos nuestra seria preocupación por la persistencia del presidente Pierre Nkurunziza de buscar un tercer mandato presidencial y, al hacerlo, infringir la Constitución. Reaccionando a la actitud antidemocrática del presidente Nkurunzina, pedimos sanciones específicas y todavía estamos esperando medidas concretas en esa dirección.
“Les pedimos a las autoridades de Burundi que respeten plenamente la Constitución del país, así como los derechos humanos, los derechos políticos y civiles y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Les pedimos a las autoridades de Burundi que pongan fin a las declaraciones públicas que incitan a la violencia y al odio contra diferentes grupos de la sociedad de Burundi.
“Nuestra primera prioridad es proteger a todos los ciudadanos de Burundi y por ello estamos apoyando la petición de enviar a Burundi una fuerza de mantenimiento de la paz del Consejo de Seguridad; les pedimos a Francia y a Gran Bretaña, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que apoyen esta petición. La segunda petición es cortar los recursos del actual gobierno de Burundi y redirigir la ayuda a la sociedad civil de Burundi y a las organizaciones internacionales que todavía están presentes en Burundi, con la finalidad de ayudar a los ciudadanos y no abandonarles. La tercera prioridad es arrojar luz sobre los responsables de las atrocidades y la violencia. Esos delitos no deben quedarse impunes y por ello estamos pidiendo una investigación independiente”.
