Después de meses de trabajo y negociaciones, el informe de iniciativa propia de Guillaume Balas sobre la lucha contra el dumping social en la Unión Europea ha sido adoptado hoy por una amplia mayoría del Parlamento Europeo.
El eurodiputado del Grupo S&D Guillaume Balas ha celebrado la decisión:
“Esta votación representa un avance real hacia una Europa que sea socialmente cohesiva, un baluarte esencial contra la desregulación del mercado, que enfrenta a los trabajadores y a los países entre sí.
“Este resultado se ha logrado gracias al apoyo de la mayoría de los eurodiputados y las eurodiputadas progresistas, en particular porque la Izquierda ha trabajado junta. El Parlamento Europeo ha hablado en nombre de los ciudadanos europeos y ha confirmado su compromiso con el progreso social. Ahora le pedimos a la Comisión Europea y a los jefes de Estado y de Gobierno que realicen todos los esfuerzos para hacerlo realidad”.
La portavoz de Empleo y Asuntos Sociales del Grupo S&D, Jutta Steinruck, añadió:
“Hoy hemos ganado una batalla importante para proteger a los trabajadores de toda Europa contra la explotación, la discriminación y el abuso que sufren a manos de empresas sin escrúpulos y por la falta de una legislación laboral que sea adecuada a nivel europeo. Hoy, les hemos dicho a la Comisión Europea y a los Estados miembros que es hora de actuar y poner fin al dumping social.
“Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D están liderando al Parlamento Europeo, insistiendo en que se tomen medidas para que cada trabajador de la Unión Europea pueda tener acceso a un trabajo digno y perciba un salario que le permita vivir. Ahora, depende de la Comisión Europea y los Estados miembros el ofrecer resultados. Este informe muestra nuestro compromiso en la lucha contra las prácticas de dumping social y para garantizar que todos los trabajadores y las trabajadoras de Europa pueden disfrutar de niveles elevados de protección y derechos sociales”.
Las propuestas específicas adoptadas por el Parlamento Europeo incluyen:
• Poner fin a las llamadas “empresas buzón”, garantizando que los negocios registrados en los Estados miembros de la Unión Europea están realmente activos allí.
• Una lista negra de empresas – incluyendo “las empresas buzón”– que hayan cometido graves violaciones de la legislación social sobre prácticas laborales.
• Que se suspenda el acceso a licitación pública, ayudas públicas y financiación de la Unión Europea durante un periodo establecido por ley.
• Una agencia europea del transporte por carretera que se encargue de comprobar que se respetan las normas.
• Que se fije un salario mínimo del 60% del salario medio nacional en los Estados miembros de la Unión Europea.
• Ampliar la responsabilidad solidaria a las cadenas de subcontratación.
• La opción de que las autoridades relevantes suspendan el suministro de servicios en caso de violaciones graves de la legislación del traslado de trabajadores.
• Un registro europeo de declaraciones sobre el traslado para permitir la consulta y la coordinación entre los Estados miembros.
• La Comisión Europea debe evaluar el impacto de las diferencias entre las contribuciones sociales de los empleadores y los empleados en los Estados miembros de la Unión Europea.
• Luchar contra el autoempleo falso utilizando medidas vinculadas a las recomendaciones de la convención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
• Considerar la nueva propuesta para revisar la Directiva sobre el traslado de trabajadores.
