Más de 400.000 europeos y europeas mueren prematuramente cada año debido a la mala calidad del aire que respiran. Por eso, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva normativa para reducir el techo de los contaminantes peligrosos que se permiten en los Estados miembros de la Unión Europea.  

La Directiva revisada sobre los valores límites de las emisiones nacionales incluye objetivos obligatorios de emisión antes del 2030 de cinco contaminantes: dióxido sulfúrico (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas finas (PM2.5), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM) y amoníaco (NH3).

Los Socialistas y Demócratas han apoyado la nueva normativa porque salvará vidas y también ahorrará dinero público: los gobiernos nacionales pagan entre 300.000 y 900.000 millones de euros en costes relacionados con la salud. Sin embargo, se queda corta en relación con las aspiraciones del Grupo S&D, debido a la fuerte oposición de los Estados miembros.

El Consejo de la Unión Europea ha bloqueado una amplia variedad de medidas, incluyendo objetivos de emisión para el metano y objetivos provisionales vinculantes antes del 2025 [1], y ha forzado con una serie de flexibilidades que podrían conllevar que los objetivos sean más difíciles de aplicar [2].

El portavoz del Grupo S&D sobre la calidad del aire, el eurodiputado Seb Dance, dijo:

“Nos hacen falta desesperadamente límites ambiciosos y vinculantes para estos contaminantes mortales del aire para obligar a los gobiernos de la Unión Europea a ocuparse apropiadamente de este asesino invisible, que está cobrándose la vida de 400.000 personas en Europa cada año. Estas nuevas normas reducirán esas muertes a la mitad en el 2030.

“Lamentablemente, los ministros de los gobiernos han trabajado sumamente duro para debilitar estas medidas a la menor oportunidad, lo que ha llevado a que se creara una coalición de los reacios a debilitarlas desde el principio. No se niega que el Parlamento Europeo quería que hubiera más ambición y que los gobiernos nacionales pueden y deben hacer más. Pero frente a la intransigencia de los Estados miembros y la urgencia del problema, no era el momento de hacer una oposición de principios que hubiera propiciado que los gobiernos nacionales echaran balones fuera en esta legislación.

“Como ciudadano y político británico, me preocupa también el enorme riesgo que presenta un posible “Brexit duro” para la política medioambiental y de salud pública del Reino Unido. La amplia mayoría de nuestras protecciones medioambientales, incluyendo los límites de contaminación del aire, se derivan de la legislación de la Unión Europea. El gobierno británico debe avanzar para garantizarles a los ciudadanos que no se hará una hoguera con esas protecciones después de salir de la Unión Europea”.

La portavoz de Medio Ambiente y de Salud del Grupo S&D, la eurodiputada Miriam Dalli, dijo:

“Es una pena que los Estados miembros no estén dispuestos a hacer más cuando se trata de la salud de nuestros ciudadanos. Nos hace falta ambición y se espera el pleno cumplimiento de todos los Estados miembros. Las ciudades y los municipios de alto riesgo, donde se registra una gran exposición a los contaminantes del aire, deben aumentar sus esfuerzos para mitigar efectivamente los problemas y mantenerse alineados con los objetivos de emisión de la Unión Europea.

“Acordar los objetivos del 2030 es el primer paso. Sin embargo, debemos seguir trabajando en los objetivos a largo plazo. Es una oportunidad para que la industria y la economía sigan un camino sostenible y las Directivas de reducción de las emisiones son esenciales en esa transición hacia la sostenibilidad”.  


[1] Los gobiernos nacionales tendrán que alcanzar objetivos provisionales no obligatorios antes del 2025. El Parlamento Europeo ha presionado para establecer límites de obligado cumplimiento. Los objetivos del 2025 se fijarán en base a una trayectoria lineal hacia los objetivos del 2030; pero los Estados miembros pueden decidir seguir una trayectoria no lineal si resulta más eficiente, siempre que expongan sus razones y presenten un plan para garantizar que llegarán a los límites del 2030.

[2] Se permitirá a los países de la Unión Europea que promedien sus emisiones en los próximos tres años en caso de que haya “un verano extremadamente seco” o “un invierno extremadamente frío”. Los gobiernos nacionales también podrán reajustar sus inventarios de emisión (sujeto al acuerdo de la Comisión Europea) en caso de que las emisiones de un sector acaben siendo mayores de lo esperado. Sin embargo, los Estados miembros deben demostrar ahora que las distintas emisiones no surgen de su implementación nacional o por la aplicación de su legislación.