Está previsto que el Parlamento Europeo adopte hoy nuevas normas para luchar contra las importaciones baratas y desleales. Según las nuevas normas, se podrán imponer mayores aranceles a las importaciones procedentes de otros países que sean objeto de dumping o reciban subsidios con la finalidad de proteger mejor los empleos y las industrias europeas.  

David Martin, eurodiputado del Grupo S&D y negociador de la protección contra los productos que son objeto de dumping, afirmó:

“Cuando el presidente Trump empuja agresivamente los intereses comerciales estadounidenses, incluso con el coste de incumplir normas internacionales y romper amistades de mucho tiempo, algunos se preguntan si la Unión Europea hace lo bastante para proteger a sus trabajadores y sus empresas. Pero que respetemos el imperio de la ley no significa que seamos defensores ingenuos del libre comercio. Queremos que el comercio no sea solamente libre, sino también leal, y estamos decididos a proteger a los trabajadores y las industrias europeas frente a la competencia desleal.

“La Unión Europea estará ahora equipada con mejores instrumentos de defensa comercial contra productos que sean objeto de dumping o reciban subsidios, y estoy orgulloso de que hayamos conseguido mejorarlos sustancialmente, incluso con la resistencia de algunos Estados miembros. Las nuevas normas no son perfectas, pero son mejores que las que tenemos ahora. Sin embargo, espero que en el futuro los Estados miembros sean más valientes y doten a la Unión Europea con todas las herramientas necesarias para abordar firmemente el dumping procedente de China y otros países”.

Alessia Mosca, portavoz de Comercio del Grupo S&D, dijo:

“Después de cinco años, los Estados miembros han dejado finalmente a un lado sus diferencias y han dado luz verde a una reforma de los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, y el Grupo S&D en particular, lo llevaban pidiendo desde hace mucho.

“Los Socialistas y Demócratas están orgullosos de que hayamos conseguido incluir las cláusulas sociales y medioambientales en las nuevas normas. Es injusto que solo se espere que los trabajadores y las empresas europeas carguen con el coste del desarrollo sostenible. A partir de ahora, se tendrán en cuenta los costes relacionados con el cumplimiento del alto nivel medioambiental y laboral fijado por la Unión Europea cuando se calculen las obligaciones contra el dumping. Solo una agenda internacional para el desarrollo sostenible puede ser creíble.

“Queremos una Europa que proteja. Con el refuerzo de los instrumentos de defensa comercial, Europa estará mejor equipada para abordar algunos de los efectos más peligrosos de la globalización. Para impulsar nuestro modelo social, debemos utilizar el peso de nuestro mercado interior, que es el mayor del mundo, para proteger y promover nuestras normas. Nuestro mensaje es claro: si quieres comerciar con nosotros, debes respetar nuestros valores”.

Nota para los redactores:

La modernización del Reglamento de la Unión Europea sobre las importaciones que son objeto de dumping o reciben subsidios forma parte de una actualización más amplia de la legislación de defensa comercial de 1995 de la Unión Europea.

La Comisión Europea ya presentó su propuesta en 2013 y el Parlamento Europeo adoptó su mandato negociador en febrero de 2014; pero el Consejo Europeo paralizó las negociaciones durante años.

En las negociaciones, los eurodiputados y las eurodiputadas han garantizado que las investigaciones sobre los casos anti-dumping sean más breves y más transparentes; un servicio de ayuda a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) se ocupará de las quejas y los procedimientos de investigación; los sindicatos participarán en esas investigaciones y también en la asignación de cuotas. En particular, los Socialistas y Demócratas han presionado –y han conseguido– que los costes vinculados al cumplimiento de los altos niveles medioambientales y laborales de la Unión Europea se tengan en cuenta cuando se calculen los derechos anti-dumping, así como la inclusión de las plataformas continentales y las zonas económicas exclusivas en el Reglamento para acabar con las lagunas jurídicas existentes.