Ayer por la tarde, los negociadores y las negociadoras del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo preliminar sobre las nuevas normas que garantizarán que los denunciantes están protegidos en toda Europa.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, presentó este año las propuestas que el Grupo S&D llevaba pidiendo desde hace mucho. Es la primera vez que se han acordado normas a nivel europeo para proteger a los denunciantes.
La eurodiputada del Grupo S&D y negociadora del Parlamento Europeo en la protección de los denunciantes, Virginie Rozière, afirmó:
“De sacar a la luz acuerdos fiscales dudosos entre gobiernos y empresas multinacionales a mostrar cómo las campañas políticas manipulaban a los votantes utilizando datos para crear perfiles, los denunciantes han jugado un papel esencial para que los poderosos respondieran por sus actos en los últimos años. Sin embargo, demasiado a menudo han sufrido enjuiciamientos penales y han afrontado consecuencias profesionales graves por hacer lo correcto. Anoche dimos un paso significativo para garantizar que los denunciantes están protegidos donde sea que estén en la Unión Europea.
“Era una lucha difícil; hemos hecho frente a una oposición firme por parte de algunos gobiernos nacionales y grupos de la derecha. Sin embargo, lo que se ha acordado es una mejora significativa. A partir de ahora, los denunciantes podrán decidir si informan de las malas acciones a través de canales internos o directamente a un órgano externo. Ese ha sido un punto esencial para nosotros ya que, claramente, en muchas circunstancias, no es apropiado que un denunciante informe de una mala conducta dentro de su propia organización.
“Nos decepciona que el acuerdo no cubra también los derechos sociales; sin embargo, hemos garantizado una cláusula de revisión para que la Comisión Europea estudie en detalle la propuesta de ampliar el alcance del acuerdo. Hemos garantizado que sean solamente estándares mínimos, de forma que los gobiernos nacionales puedan ofrecer mayores protecciones.
“Ahora depende de los gobiernos nacionales aprobar estas nuevas normas, sin más demora, para garantizar que los que sacan a la luz corrupción o malas prácticas están plenamente protegidos dondequiera que estén en Europa”.
