La votación de hoy sobre la regulación de los mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) se ha pospuesto a petición del conservador Partido Popular Europeo, con el apoyo de los liberales y la derecha populista de CRE (Conservadores y Reformistas Europeos) e ID (Identidad y Democracia). Los medios de comunicación informan de que esta demora se produce tras las presiones ejercidas por los grupos de presión contra una enmienda que su propio ponente del PPE negoció de cara a tener en cuenta las preocupaciones de los progresistas sobre la enorme huella de carbono de las criptomonedas.
Eero Heinäluoma, eurodiputado y negociador del Grupo S&D sobre criptoactivos, dijo:
“Las criptomonedas consumen tanta energía como los coches eléctricos. La minería del bitcoin consume por sí sola más energía que países del tamaño de Austria o Portugal. Con una huella de carbono tan pesada, las criptomonedas volverán ardua la lucha para que Europa luche contra la explosión de los precios de la energía y se convierta en neutra en cuanto al carbono.
“El Grupo de los Socialistas y Demócratas no quiere prohibir las criptomonedas. Al contrario, queremos garantizar que la minería a escala industrial de las criptomonedas se sitúa en una vía sostenible.
“Con estas nuevas normas, Europa tiene la oportunidad de establecer una referencia mundial respecto a los criptoactivos. Sin embargo, ya nos estamos quedando atrás en cuanto a la regulación de esta nueva industria de rápido crecimiento. No podemos permitirnos más retrasos. Por eso nos oponemos a que ahora se reabra el texto por presiones externas. Un acuerdo es un acuerdo”.
Nota para los redactores:
La Comisión Europea publicó su propuesta de “mercados de criptoactivos” (MiCA) en septiembre de 2020 y los negociadores y negociadoras del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo el 16 de febrero de 2022.
El proyecto actual prevé que la Comisión Europea tenga que adoptar, seis meses después de la entrada en vigor de este Reglamento, un acto delegado en el cual definirá normas mínimas de sostenibilidad medioambiental respecto a las cuales se considerará que un mecanismo de consenso es insostenible desde el punto de vista medioambiental. Estas normas definidas por la Comisión Europea se aplicarían a partir de enero de 2025.
