En el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, los ciudadanos y las ciudadanas, los interlocutores sociales, los representantes de la sociedad civil y los miembros electos de toda Europa aprobaron anoche una hoja de ruta para fortalecer la justicia social, empleos justos y la justicia fiscal, de modo que salgamos fortalecidos de las crisis actuales.
Como presidenta del Grupo de Trabajo sobre una Economía más Fuerte, Justicia Social y Empleo, la presidenta del Grupo S&D, Iratxe García Pérez, puso fin a meses de intensos debates con un amplio acuerdo. Las recomendaciones pretenden remodelar la Unión Europea de forma que se garantice la autonomía estratégica y el crecimiento sostenible, al tiempo que se mejoran continuamente las condiciones de vida y laborales, sin destruir nuestro planeta. Las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo se debatirán en el pleno de la Conferencia el sábado 9 de abril, antes de la sesión plenaria final del 28 al 30 de abril.
Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo S&D, afirmó:
“La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la pandemia de la COVID-19 han cambiado la Unión Europea de una forma que no podíamos imaginar. Ahora tenemos que encontrar la manera de hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la guerra, en un contexto post-pandémico que ya era exigente. Durante meses, hemos trabajado con los ciudadanos y las ciudadanas, la sociedad civil, los sindicatos, los representantes de las empresas y otras instituciones con la finalidad de acordar propuestas ambiciosas que, en conjunto, marcan una hoja de ruta clara hacia una Europa que sea más justa y sostenible.
“La pobreza es el recordatorio más claro de la urgente necesidad de justicia social en Europa. Ningún Estado miembro está exento del desafío de la pobreza laboral, la pobreza energética, la pobreza de las personas mayores o la pobreza infantil. Demasiados europeos y europeas siguen teniendo que elegir entre calentarse o comer. La ciudadanía y la sociedad civil exigen claramente que abordemos la pobreza mediante salarios mínimos y sistemas europeos de renta mínima, con más derechos para las familias a través de una Garantía Infantil y una Garantía Juvenil más fuertes, y añadiendo un nuevo “Protocolo de Progreso Social” a los Tratados de la Unión Europea con objeto de proteger los derechos sociales.
“Con los ciudadanos y las ciudadanas, hemos acordado que la mejor manera de garantizar la justicia social es la justicia fiscal. Todo el mundo debe pagar su parte justa de impuestos y los ciudadanos reconocen que actualmente no sucede así. Gravar a los grandes contaminadores y a los gigantes tecnológicos, y poner fin a la evasión y elusión fiscales en Europa son soluciones justas que nos darán los recursos que nos permitirán garantizar que nadie se quede atrás. El camino hacia la justicia social se ve obstruido con demasiada frecuencia por un pequeño número de gobiernos reticentes de la Unión Europea. Con los ciudadanos y la sociedad civil, hemos acordado que podemos superar los obstáculos a la justicia fiscal, garantizando que las decisiones fiscales se tomen por mayoría cualificada en el Consejo de la Unión Europea y mediante una mayor armonización”.
