Acogemos con satisfacción que el Parlamento Europeo, a petición del Grupo S&D, haya celebrado un debate con el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre el deterioro de la democracia en Israel y las consecuencias en los territorios ocupados. La democracia y el Estado de derecho corren peligro en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu y su Gobierno de extrema derecha están impulsando una reforma judicial sumamente controvertida que debilitaría el poder judicial, socavaría el Estado de derecho y deterioraría la democracia en Israel.
Pedro Marques, vicepresidente del Grupo S&D responsable de Asuntos Exteriores, ha declarado:
“Cientos de miles de personas están protestando dentro y fuera de Israel contra la reforma judicial de Netanyahu. Su protesta es nuestra protesta.
Esta reforma menoscabaría la independencia del Tribunal Supremo de Israel otorgando a la coalición de gobierno el control sobre el nombramiento de jueces y el poder de anular las decisiones del Tribunal Supremo con una mayoría simple de 61 de los 120 votos de la Knesset. La debilitación del Tribunal Supremo también podría aprovecharse para establecer más asentamientos. Nos oponemos firmemente a este escenario y celebramos que el Parlamento Europeo haya expresado oficialmente, a petición nuestra, todos sus desacuerdos y preocupaciones.
Para empeorar aún más las cosas, desde que el Gobierno de extrema derecha de Netanyahu llegó al poder, hemos observado una peligrosa escalada de la violencia entre los palestinos y los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.
Estamos asistiendo a una ocupación que se está convirtiendo de forma dramática en una anexión de los territorios con asentamientos. Nos oponemos enérgicamente a la intensificación de la violencia y la reforma judicial, y alzaremos nuestra voz en contra”.
Por su parte, la ponente permanente del Parlamento Europeo para Palestina, la eurodiputada del S&D Evin Incir, ha comentado:
“En las mayores manifestaciones de la historia de Israel, más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas se están echando a la calle para protestar contra el Gobierno de extrema derecha. La democracia israelí está en juego y la comunidad internacional tiene la obligación de tomar medidas en defensa del pueblo.
La reforma judicial y las políticas antiliberales del Gobierno se aplican tanto al pueblo israelí como al pueblo palestino. Se están utilizando como una herramienta para ampliar los asentamientos y anexionar Cisjordania. La UE lleva años exigiendo que cese la demolición de estructuras y proyectos financiados por la UE en Israel, así como una compensación por los daños. Durante décadas, la UE ha reclamado el fin de la expansión de los asentamientos ilegales en Palestina.
Ahora, nuestra Unión tiene que escuchar a los cientos de miles de personas que se manifiestan en las calles de Israel. Ya no podemos permitirnos que todo siga ‘como de costumbre’”.
