Hoy ha sido un día fundamental para el Parlamento Europeo en lo que respecta a las ambiciones reales de la Unión Europea de cara a abordar la crisis climática y cumplir con el objetivo de la Ley Europea del Clima de convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono para 2050.
Gracias a los incesantes esfuerzos del Grupo S&D, el Parlamento Europeo ha adoptado algunas medidas concretas para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990, como se establece en el paquete “Fit for 55”.
Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D han luchado por una transición verde, pero que tenga un corazón rojo.
Lamentablemente, las fuerzas de la derecha han diluido algunos dossieres fundamentales, como la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), poniendo en peligro las ambiciones climáticas de la Unión Europea.
Sin embargo, como progresistas, nos hemos asegurado de que todas las medidas del paquete “Fit for 55” que se han aprobado vayan acompañadas de mecanismos fuertes de justicia social y solidaridad que compensen los costes, a fin de garantizar que esta transición no sólo se lleve a cabo, sino que también sea socialmente justa.
La eurodiputada del Grupo S&D y portavoz para el informe, Sara Cerdas, dijo:
“Queremos garantizar que no haya más coches o furgonetas contaminantes en 2035. Este es el objetivo final que hoy, tras el voto favorable del Parlamento Europeo, parece finalmente al alcance. La trayectoria ya está trazada: los fabricantes de automóviles deberán reducir progresivamente dichas emisiones hasta alcanzar el objetivo del 100% en 2035.
“Se trata de un punto de inflexión para el sistema de movilidad europeo en línea con los compromisos climáticos de la Ley del Clima y el Acuerdo de París. Se garantizarán así importantes ganancias en términos de salud, reducción de la contaminación atmosférica, la lucha contra el cambio climático y la protección de las generaciones futuras.
“Ahora disponemos de una posición del Parlamento Europeo que elimina las lagunas jurídicas, incentiva más acciones y refuerza la dimensión social con un mejor seguimiento, así como la financiación de nuevas medidas a fin de mitigar los posibles impactos negativos”.
