Una vez más, el Grupo PPE (Partido Popular Europeo) del Parlamento Europeo ha atacado al gobierno regional de Andalucía (España) por su sistema público para prescribir medicamentos.

La parte española del Grupo PPE, que ya ha perdido tres casos ante el Tribunal Constitucional en España en relación con este asunto, llevó el debate a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, dado que la Justicia española ya había rechazado su demanda. El papel de la comisión de Peticiones es referir la queja del peticionario a la instancia correcta para que pueda resolverse. Los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo han celebrado la decisión de la comisión de archivar esta petición por falta de base, como ya afirmó el representante de la Comisión Europea.

 

Virginie Rozière, portavoz de Mercado Interior del Grupo S&D, afirmó:

“Es una vergüenza que el PPE utilice el Parlamento Europeo para saltarse el dictamen de los tribunales españoles. Pero el mensaje de la comisión parlamentaria de Peticiones ha sido claro hoy: el gobierno regional tiene derecho a encontrar el mejor sistema posible para garantizar un servicio público de salud gratuito y universal en buen estado. Es lamentable que el PPE priorice al lobby farmacéutico frente a los ciudadanos y las ciudadanas y a los presupuestos de la seguridad social.

“Andalucía es pionera en la prescripción del principio activo –es decir, favoreciendo los genéricos–, en la implementación de la prescripción electrónica y en la selección pública de medicamentos, entre otras medidas. Este sistema de adquirir medicamentos ya se usa en Alemania y Bélgica”.

 

Soledad Cabezón, eurodiputada del Grupo S&D responsable de esta petición y autora del informe parlamentario sobre el acceso a los medicamentos, afirmó:

“En base a la experiencia europea, se trata de uno de los mejores métodos para promover la igualdad en la salud pública y ahorrar dinero del presupuesto público. El continuo incremento del precio de los medicamentos en Europa está creando desigualdades en el acceso a los mismos. En estas circunstancias, todas las administraciones deben garantizar un acceso justo de todos los ciudadanos y las ciudadanas a los medicamentos.  

“El año pasado, el Parlamento Europeo adoptó las medidas que recomendé en mi informe* para resistir la presión que ejercen las grandes farmacéuticas y apoyar la salud pública. Mi informe proponía tanto una Directiva sobre transparencia de los procedimientos de fijación de precios y del sistema de reembolso como también un sistema de licitación pública de medicamentos como una medida efectiva para ahorrar dinero público. Esa es la razón por la cual se utiliza en países europeos como Alemania, los Países Bajos, Suecia o Dinamarca. Se adoptó por una contundente mayoría en el Parlamento Europeo, que incluía al PPE.

“Todos en Europa entienden que hay que invertir el dinero en otros recursos, por ejemplo, en más personal médico y mejores infraestructuras, en lugar de comprar medicamentos caros, si existe una alternativa más barata. Además, con este sistema se garantiza el suministro de medicamentos en el caso de Andalucía, ya que el gobierno central selecciona los servicios mínimos –incluyendo la sustancia farmacológica activa que se ofrece– y las regiones solo pueden aumentarlo. Así es que cuesta mucho entender las motivaciones de la sección española del PPE”.  

 

* Consulte el informe completo aquí