Los Socialistas y Demócratas han conseguido hoy una victoria para los derechos sociales después de haber conseguido con éxito que se rechazara la propuesta de la Comisión Europea sobre la tarjeta electrónica, en una votación en la comisión de Mercado Interior. Dirigida a facilitar el suministro transfronterizo de servicios empresariales y de construcción y a eliminar las cargas administrativas, la tarjeta electrónica establecería de facto el principio del país de origen, debilitando los instrumentos de control y aplicación de la legislación del país de receptor.

 

Virginie Rozière, eurodiputada del Grupo S&D, que es responsable de la Directiva sobre la tarjeta electrónica, afirmó:

“El rechazo de hoy de la tarjeta electrónica en la comisión de Mercado Interior es una victoria para los derechos sociales y una señal contundente para la Comisión Europea de que sus propuestas ultra-liberales se enfrentarán a una oposición firme por parte de los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D. La propuesta de la Comisión Europea, de adoptarse, habría sido un desastre para nuestro marco social y regulador. Con el pretexto de facilitar el suministro de servicios transfronterizos, la tarjeta electrónica habría allanado el camino a una vuelta al principio de país de origen, favoreciendo a los Estados que tienen poca cobertura social y pocos requisitos reguladores. Afortunadamente, este rechazo es una victoria de una Europa social.

“La Unión Europea debe fomentar la competencia leal entre las empresas, pero nunca el dumping social entre Estados miembros”.

 

Liisa Jaakonsaari, eurodiputada del Grupo S&D, que es responsable del Reglamento sobre la tarjeta electrónica, afirmó:

“Concebida para facilitar la provisión de servicios transfronterizos eliminando las cargas administrativas, la propuesta de la Comisión Europea habría tenido el efecto adverso. Las tarjetas electrónicas no se ocupan de ninguno de los obstáculos reales que afrontan las empresas cuando quieren ofrecer servicios en otro Estado miembro. Al contrario, se habría cargado a los Estados miembros con estructuras administrativas adicionales y la incertidumbre jurídica habría aumentado. Si la Comisión Europea realmente quiere apoyar a las empresas que ofrecen servicios transfronterizos, debe asegurarse de que las medidas actuales, como el único punto de contacto, se implementan correctamente.

“Nosotros, los Socialistas y Demócratas nunca apoyaremos una propuesta que suponga un riesgo de aumentar el fraude social y el dumping transfronterizos, y estoy orgullosa de que hayamos conseguido con éxito una mayoría en la comisión de Mercado Interior para rechazar esta propuesta desastrosa”.  

 

Nota para los redactores:

Las dos propuestas de la Comisión Europea sobre un Reglamento y una Directiva facilitan un marco para la introducción de la tarjeta electrónica de servicios europeos, que aspira a facilitar el suministro transfronterizo de servicios empresariales y de construcción, eliminando la carga administrativa y, por lo tanto, mejorando la competencia. El título de la propuesta debe considerarse ligeramente engañoso, ya que no se habría introducido ninguna tarjeta electrónica real, sino un procedimiento electrónico común a nivel de la Unión Europea usando el sistema IMI (Información del Mercado Interior). La tarjeta electrónica habría sido una herramienta voluntaria para las empresas; sin embargo, los Estados miembros se habrían visto obligados a introducir el sistema si la propuesta se hubiese adoptado.

Según la propuesta, el Estado miembro receptor tendría que aceptar la autorización facilitada por el Estado miembro de origen sin ningún requisito más. Sin embargo, una vez que se emitiera, la autorización no tendría límite temporal. Solo en ciertas condiciones puede el Estado miembro de origen suspender o revocar la autorización. Por lo tanto, la tarjeta electrónica establecería de facto el principio del país de origen, debilitando el control y las herramientas de aplicación del país receptor, lo cual generaría más fraude social y dumping transfronterizos.