Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D han reiterado unánimemente su rechazo a la intención anunciada por la Comisión Europea de autorizar de nuevo el glifosato durante 10 años. Los miembros del S&D han destacado la evidente falta de transparencia en el proceso de clasificación de las agencias europeas. La clasificación del glifosato, que es la sustancia activa herbicida más utilizada del mundo, se ha basado ampliamente en pruebas científicas que no están publicadas y que ha ofrecido la industria o en revisiones científicas supuestamente independientes que han sido financiadas por la industria.   

Los eurodiputados y las eurodiputadas del Grupo S&D también piden que se aplique estrictamente el principio de precaución para garantizar una mejor protección de la salud de los europeos y más transparencia y acceso público a los estudios científicos.

El portavoz de Agricultura del Grupo S&D, el eurodiputado Eric Andrieu, dijo:

“Debemos tener en cuenta las necesidades de la agricultura, pero los hallazgos que han salido a la luz tras el escándalo de los papeles de Monsanto y el continuo litigio en los Estados Unidos están cambiando la situación en relación con el glifosato. Debe arrojarse luz sobre todo ello antes de renovar la aprobación de esta sustancia que es potencialmente cancerígena y que podría afectar a la salud de más de 500 millones de europeos y europeas.

“A la luz de estas revelaciones y de las valoraciones opuestas sobre la seguridad del glifosato, no podemos apoyar la intención anunciada por la Comisión Europea de autorizar de nuevo el glifosato los próximos diez años. Es inaceptable que la Comisión Europea ignore la voz de los 750.000 ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que ya han firmado la Iniciativa Ciudadana Europea que pide que la sustancia se prohíba.

“El anuncio de que la Comisión Europea tiene intención de autorizar de nuevo el glifosato para los próximos diez años es una bofetada en la cara de todos estos ciudadanos y ciudadanas y muestra una total falta de respeto a las Iniciativas Ciudadanas Europeas, que son un instrumento que paradójicamente se creó para reforzar la confianza en las instituciones europeas dándoles voz a los ciudadanos para que llamen la atención de los legisladores europeos sobre causas importantes”.

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo S&D, la eurodiputada Miriam Dalli, afirmó:

“Queremos que la decisión sobre la renovación de la aprobación del glifosato se base en datos científicos independientes y creíbles que estén públicamente disponibles y que centren en la toxicidad cancerígena y reproductiva. Es imperativo que los requisitos del hallazgo de las pruebas científicas que se han utilizado en el proceso de evaluación sean conformes al Reglamento sobre los productos fitosanitarios y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Hasta que no sepamos la verdad sobre la naturaleza y la importancia de las pruebas científicas que se han realizado y hasta que no tengamos la certeza de que el glifosato es seguro para nuestros ciudadanos y ciudadanas y para nuestro medio ambiente, no podemos permitir que esta sustancia se venda sin restricciones en el mercado de la Unión Europea”.  

La vicepresidenta de Sostenibilidad del Grupo S&D, la eurodiputada Kathleen Van Brempt, añadió:

 

“Si no obtenemos una respuesta satisfactoria por parte de la Comisión Europea, los Socialistas y Demócratas pediremos la creación de una comisión de investigación o de una comisión especial sobre este tema.

 

“Debemos garantizar la transparencia, la eficiencia y el control democrático mediante el procedimiento de autorización de los pesticidas”.

 

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo presentará una pregunta oral a la Comisión Europea con una petición para debatir el 12 de junio, seguida de una audiencia conjunta de las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo con la participación de todas las partes relevantes, incluyendo a Monsanto, que fabrica el producto.

 

Nota para los redactores:

El glifosato es el herbicida de amplio espectro más utilizado para matar maleza, especialmente las hierbas y la maleza de hoja ancha. Lo desarrolló la empresa agro-química Monsanto en 1970 y se introdujo en el mercado en 1974 con la marca comercial Roundup.

En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato de “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

En noviembre del 2015, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) afirmó que “es improbable que la sustancia sea genotóxica (es decir, perjudicial para el ADN) o que represente una amenaza cancerígena para los seres humanos”.  

En marzo del 2017, el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) concluyó que “la evidencia científica no respondía a los criterios para clasificar el glifosato de cancerígeno”.

Tanto las opiniones de la ECHA como de la AESA contradicen las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud, que es el patrón-oro de la evaluación de los riesgos de cáncer.

Sin embargo, en marzo del 2017, un caso ante el Tribunal Federal de San Francisco cuestionó las conclusiones sobre la seguridad y la naturaleza de las pruebas científicas facilitadas en este sentido. El Tribunal descubrió documentos que cuestionan la seguridad y las prácticas de investigación de Monsanto.

Más específicamente, el historial de los correos electrónicos internos de Monsanto y los que se intercambiaron entre la empresa y los reguladores federales sugerían que Monsanto había escrito investigaciones para otros, que después se atribuyeron a académicos.

La aprobación actual del glifosato por parte de la Unión Europea expirará en seis meses a partir de la fecha en la que la Comisión Europea reciba la opinión del Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas o el 31 de diciembre de 2017 (lo que llegue más tarde), según el Reglamento (CE) 1107/2009 sobre los productos fitosanitarios.

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Bélgica