El Grupo S&D lucha asimismo por unas normas vinculantes para garantizar que las empresas se hagan responsables de las personas y el planeta. Ha llegado el momento de que las empresas detecten y palíen los efectos negativos de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor, tanto dentro como fuera de la UE. Si no lo hacen, se les impondrán sanciones, y las víctimas tendrán derecho a ser asistidas por la justicia. Las sanciones y multas por incumplir las responsabilidades de diligencia debida fomentarán que las empresas adopten las medidas necesarias para prevenir daños.
Por diligencia debida se entiende un “cuidado razonable”. En particular, el cuidado que esperamos que pongan las empresas en respetar los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno. Queremos garantizar este cuidado (o “diligencia”) obligando a las empresas a adoptar medidas de conducta empresarial responsable. Estas medidas obligarían a las empresas a controlar y detectar los riesgos, así como a abordar y corregir los efectos negativos asociados a sus operaciones. Algunos ejemplos serían las repercusiones de la empresa en los derechos sociales y laborales, o en un ecosistema natural o la gobernanza local cuando existan riesgos de corrupción o soborno.
Estamos luchando para que la conducta empresarial responsable sea la norma. En pleno siglo XXI, hacer negocios debe implicar hacer negocios de manera responsable. Para que esto ocurra, tenemos que ir más allá de las actuales normas voluntarias y establecer normas vinculantes de la UE sobre diligencia debida para las empresas, que les obliguen a atender a toda su cadena de valor. La diligencia debida no debería consistir en “marcar una casilla”, sino que debe constituir un proceso continuo.
Luchamos también para reforzar el acceso a la justicia de las víctimas que se han visto perjudicadas por empresas de la UE. En definitiva, abogamos por anteponer las personas y el planeta a los beneficios.
En 2022, en respuesta a las demandas del Parlamento Europeo impulsadas por el Grupo S&D, la Comisión Europea publicó propuestas de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La comisión de Asuntos Jurídicos nombró a la eurodiputada del S&D Lara Wolters ponente del Parlamento sobre estas propuestas legislativas.
Queremos asegurarnos de que las empresas ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos, medio ambiente y gobernanza en toda su cadena de valor, también cuando esta cadena trasciende las fronteras europeas. Incluso con cadenas de suministro muy complejas, se espera que las empresas hagan todo lo que quepa razonablemente esperar para evitar daños.
Las normas deben tener un alcance amplio y aplicarse a todas las empresas de la UE, incluidas las empresas de servicios financieros. Todas las empresas con más de 250 empleados/as y un volumen de negocios de al menos 40 millones € deberían quedar cubiertas por estas obligaciones.
Las medidas voluntarias sobre diligencia debida (como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales) no han logrado provocar un cambio general de mentalidad en las empresas de la UE: estudios recientes revelan que solo el 37% de las empresas encuestadas ejercen una diligencia debida en materia medioambiental y de derechos humanos, y solo el 16% cubren toda la cadena de suministro.
Queremos una igualdad de condiciones para que las empresas que aplican medidas voluntarias no queden en una situación de desventaja competitiva por hacer lo correcto.
Existe un amplio apoyo a un marco obligatorio de diligencia debida entre la sociedad civil, los organismos de normalización internacionales, los Estados miembros y las propias empresas. Incluso cuando las empresas no buscan activamente hacer daño, muchas todavía carecen de seguridad y claridad jurídicas sobre lo que se espera de ellas.
En una reciente votación de la comisión de Asuntos Jurídicos, la gran mayoría de los grupos políticos respaldaron la visión del Grupo S&D a favor de nuevas normas vinculantes sobre diligencia debida.
Hay varios ejemplos en los que la diligencia debida habría evitado catástrofes medioambientales y de violaciones de los derechos humanos.
En 2013, en Bangladés, más de mil trabajadores/as perdieron la vida o resultaron heridos, la mayoría mujeres, debido a fallos estructurales en el edificio Rana Plaza. Este desastre arrojó luz sobre las condiciones laborales abusivas que a menudo encontramos en la cadena de suministro mundial del sector textil. Con unas normas vinculantes sobre diligencia debida, podemos garantizar que las empresas de la UE realicen todos los esfuerzos razonables para detectar y abordar las violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que confeccionan la ropa que compramos y llevamos cada día.
La contaminación de Ogoniland en el Delta del Níger es otro alarmante ejemplo de cómo la ausencia de una conducta empresarial responsable ha dañado el medio ambiente y ha provocado daños incalculables a la salud, los hogares y los medios de subsistencia de las personas.
En las fábricas de un proveedor mundial de tecnología en Shenzhen, una ola de suicidios puso de manifiesto que algunos trabajadores preferían morir a afrontar un día más en la cadena de montaje. En lugar de mejorar las condiciones de trabajo, la respuesta corporativa fue colocar grandes redes fuera de muchos de los edificios. Este tipo de conducta empresarial nunca debería aceptarse de parte de un proveedor de una empresa de la UE, y las víctimas o sus representantes deberían poder exigir responsabilidades a las empresas matrices.
La UE solo podrá cumplir sus compromisos climáticos mundiales de manera eficaz si responsabiliza a las empresas de las consecuencias de su conducta empresarial. Como el mayor mercado del mundo, las empresas de la UE desempeñan un papel fundamental en el establecimiento de normas mundiales. Al ampliar el alcance de la diligencia debida a toda la cadena de suministro, la UE puede ejercer una influencia positiva en el mundo como organismo normativo internacional con vistas a responder a retos como el cambio climático y las violaciones de los derechos humanos.
Con una nueva normativa, también podemos hacer que las empresas rindan cuentas si no cumplen sus obligaciones de diligencia debida; en otras palabras, si han causado o han contribuido a causar daños que podrían haberse evitado, podemos garantizar que las víctimas accedan con mayor facilidad a la justicia.
Creemos que los directores ejecutivos de las empresas deben asumir la responsabilidad de supervisar el proceso de diligencia debida. Queremos asegurarnos de que no haya ni más ocultaciones ni más vacíos legales. En las empresas con más de 1000 empleados/as, queremos que la retribución se vincule al cumplimiento de la diligencia debida.
Las empresas tendrán que colaborar con las partes interesadas afectadas y sus representantes, como los sindicatos, a lo largo del proceso de diligencia debida. Si una empresa no tiene suficiente información sobre un posible daño, deberá recurrir a las organizaciones de la sociedad civil que dispongan de la pertinente información.
Queremos que se impongan sanciones a las empresas que no cumplen las normas, con multas de hasta el 5% del volumen de negocios global de la empresa. El descrédito público por parte de las autoridades debe ser otra herramienta para garantizar que las empresas acaten las normas, junto con la retirada de productos del mercado de la UE. Las violaciones de las normas de diligencia debida también afectarán a la toma en consideración de una empresa en los procesos de contratación pública.
El 1 de junio de 2023, el Parlamento Europeo adoptó su posición sobre unas normas obligatorias para integrar el impacto en los derechos humanos y el medio ambiente en la conducta empresarial. A pesar de los intentos de los conservadores del Parlamento Europeo de diluir la nueva normativa, una mayoría de eurodiputados y eurodiputadas votó a favor de nuestro planteamiento más progresista.
Con el mandato de negociación del Parlamento acordado, el Grupo S&D seguirá encabezando la ardua labor desde ahora hasta el final de la actual legislatura para llegar a un acuerdo con los gobiernos de la UE en el Consejo.
Este es un punto de inflexión. La mayoría de las empresas se toman en serio su deber para con las personas y el medio ambiente y estas nuevas normas les ayudarán todavía más al impedir que las pocas empresas sin escrúpulos que operan de una manera deshonesta y poco ética incumplan las normas.