La comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil (EMIS) ha aprobado un informe que resume sus hallazgos, después de casi un año de investigación del escándalo de las emisiones de vehículos, e incluye recomendaciones para evitar engaños sobre las emisiones en el futuro.

El informe concluye que los fabricantes de coches pudieron ocultar emisiones excesivas de diesel en situaciones reales de conducción durante años porque los vehículos fueron fabricados para pasar una prueba de laboratorio desactualizada en lugar de pruebas de conducción en carretera. Pese a haber afirmado que no habían sido conscientes de ningún comportamiento ilegal, el informe concluye que la comunicación interna entre los servicios de la Comisión Europea reveló información sobre la intensa optimización del ciclo de ensayos –una clara sugerencia de posible utilización ilegal de dispositivos de manipulación–, pero que, sin embargo, la Comisión Europea no tomó ninguna medida para investigar más. Los Estados miembros no implementaron la legislación de emisiones de vehículos de la Unión Europea ni averiguaron por qué vehículos homologados estaban emitiendo mucha más polución en la carretera en comparación con la que emitían en el laboratorio. Se demoró la implementación de una nueva prueba mejorada en condiciones reales de conducción porque se dio prioridad a los intereses industriales frente a las preocupaciones medioambientales y de salud.

Las recomendaciones fijadas por la comisión de Investigación para evitar nuevos fraudes incluyen reforzar el proceso de homologación de vehículos en la Unión Europea y el papel de supervisora de la Comisión Europea, así como crear una agencia de la Unión Europea para la supervisión de vehículos.

Seb Dance, eurodiputado del Grupo S&D y portavoz en el escándalo Dieselgate, dijo:

“El veredicto está claro: la mala administración y la negligencia posibilitó un fraude extendido en la industria del automóvil. Incluso después de que saltara el escándalo, los grupos de presión de la industria convencieron a varios Estados miembros para que demoraran y debilitaran nuevas pruebas de emisión en situaciones reales de conducción y permitieran que los vehículos contaminaran más del doble del nivel que permitía la ley de 2017 a 2020 y un 50% más después de 2020.

“Los Estados miembros no consiguieron supervisar los vehículos en busca de emisiones ilegales y miraron hacia otra parte ante el engaño de las pruebas de VW y de otros fabricantes; asimismo, la Comisión Europea no aplicó su propia legislación, minando la confianza del consumidor y poniendo en riesgo la salud pública.  

“Los países de la Unión Europea tienen ahora una oportunidad única de recomponer el sistema de homologación de vehículos y garantizar que los coches no solo son limpios en el laboratorio, sino también en la carretera. Los Estados miembros no deben ignorar la firme señal que se está enviando hoy. Aquellos países que sigan bloqueando el refuerzo de la supervisión del mercado a nivel de la Unión Europea deben dejar de anteponer los intereses de su propia industria automovilística por encima de los intereses de los consumidores y los ciudadanos”.

La portavoz del Grupo S&D para el tema, la eurodiputada Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, añadió:

“Después del Dieselgate, seguir comos siempre sencillamente no es una opción. Los Socialistas y Demócratas quieren una supervisión más firme en forma de la creación de una agencia independiente de supervisión de vehículos de la Unión Europea. El Dieselgate se produjo porque los Estados miembros no consiguieron supervisar que los fabricantes de vehículos cumplieran la legislación de emisiones y porque la legislación de la Unión Europea no se aplica de manera igual en toda Europa. Por eso queremos que la Unión Europea sea capaz de realizar pruebas e investigaciones sobre los vehículos, incluyendo tests sorpresa, para asegurarse de que los Estados miembros y los fabricantes de coches hacen su trabajo; y, si no lo hacen, que tenga la capacidad de poder retirar las homologaciones. La Unión Europea debe disponer de medios para mejorar la salud pública y proteger el medioambiente. También es una señal importante para los ciudadanos que el Parlamento Europeo, que es la única institución europea directamente elegida, haga todo lo posible para promover sus intereses”.

Todavía se pueden enmendar las recomendaciones en la votación del plenario del Parlamento Europeo, que tendrá lugar en la sesión de abril, en Estrasburgo.