El Parlamento Europeo está listo para negociar a favor de un trabajo sin exposiciones al amianto. Hoy, su comisión de Empleo ha acordado un firme mandato para entablar conversaciones con los Estados miembros de la UE sobre la revisión de la legislación europea sobre la protección de los trabajadores/as frente al amianto. Se espera que este mandato se confirme en el Pleno que se celebrará en mayo. El Grupo S&D cree firmemente que no hay tiempo que perder, ni esfuerzos que escatimar, para limitar la exposición de los trabajadores/as a esta sustancia altamente peligrosa: la principal causa de cáncer profesional en Europa*. Ha llegado la hora de cumplir nuestro compromiso con la visión de “cero muertes relacionadas con el trabajo”.
En septiembre de 2022, la Comisión Europea propuso revisar la Directiva de 2009 destinada a proteger a los trabajadores/as de los riesgos relacionados con el amianto. Su propuesta defraudó nuestras expectativas. Llevamos tiempo reclamando una revisión rigurosa de la legislación sobre el amianto con el fin de garantizar una protección adecuada frente a los cánceres profesionales. Esto exige unos límites de exposición mucho más estrictos, fijados en 1.000 fibras/m3, tal como pedimos en la resolución del Parlamento adoptada en octubre de 2021. El límite propuesto por la Comisión, y hasta el momento aceptado por los Estados miembros de la UE, es diez veces superior, lo que quiere decir que su ambición es diez veces menor.
La eurodiputada del Grupo S&D Marianne Vind, negociadora de la legislación de la UE sobre la protección de los trabajadores frente al amianto, ha declarado:
“No existen niveles seguros de exposición al amianto. Hoy, en el Parlamento, hemos llegado a un acuerdo muy positivo que podrá salvar miles de vidas en el futuro. Constituye un importante paso hacia la consecución de nuestro objetivo de un trabajo sin exposiciones al amianto, pero las negociaciones con los Estados miembros de la UE no serán fáciles. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para erradicar el problema.
En primer lugar, necesitamos un límite de exposición profesional más riguroso. Además de los riesgos evidentes, esto resulta fundamental puesto que la exposición al amianto supondrá un gran factor de riesgo para la salud en el marco de la “oleada de renovación”, cuyo objetivo es adaptar los edificios a un futuro climáticamente neutro de aquí a 2050. Se espera que la UE renueve en torno a 220 millones de edificios en los próximos 30 años.
Asimismo, para poder medir unos límites de exposición más estrictos, los Estados miembros de la UE tienen que contar con la metodología adecuada: la microscopia electrónica. Esto debería ser obligatorio, con la opción de fijar un período transitorio de cuatro años.
También reclamamos muchas otras mejoras, como el acceso a un diagnóstico precoz, a tratamientos, a la rehabilitación y a indemnizaciones en el caso de aquellos trabajadores/as que ya hayan enfermado a causa del amianto; inspecciones obligatorias de los edificios antes de venderlos, alquilarlos o realizar cualquier obra; la inclusión de la exposición indirecta en la legislación, y registros públicos de amianto”.
La eurodiputada Agnes Jongerius, portavoz del Grupo S&D en materia de empleo, ha afirmado:
“Aunque la propuesta presentada por la Comisión el pasado septiembre no colmó nuestras expectativas, hay un resquicio de esperanza en sus promesas de una estrategia europea más amplia sobre la protección contra el amianto, que iría más allá del lugar de trabajo. Hemos pedido reiteradamente una estrategia europea integral sobre el amianto, y esperamos que estas promesas se traduzcan en acciones vinculantes concretas sin más dilación.
La seguridad y la salud en el trabajo siempre han sido nuestra máxima prioridad. Unas normas europeas estrictas sobre el amianto son parte fundamental de estos esfuerzos, pero también necesitamos una actuación más contundente contra el amianto a nivel mundial. Cada año mueren en el mundo alrededor de 250.000 personas como consecuencia de la exposición al amianto. Nuestro objetivo último es una prohibición total. Solo un trabajo sin amianto será un trabajo seguro, y solo un mundo sin amianto será un mundo seguro”.
Nota para los redactores/as:
Aunque el amianto está prohibido en la Unión Europea desde 2005, e incluso antes en muchos Estados miembros, muchos edificios construidos antes de esa fecha siguen conteniendo amianto, y el 80% de los cánceres profesionales reconocidos en la Unión están asociados a esta sustancia.
Se estima que entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores/as están expuestos al amianto. El 97% de estos trabajadores/as pertenecen al sector de la construcción, lo que incluye profesiones relacionadas como techadores, fontaneros, carpinteros e instaladores de suelos, y el 2% trabajan en la industria de la gestión de residuos.
Según datos de 2019, la exposición profesional al amianto se cobra en torno a 88.000 vidas al año, y se espera que este número aumente a finales de la década de 2020 y durante la década de 2030.
Se ha observado un mayor riesgo de padecer cáncer en las personas que se ven expuestas incluso a niveles muy bajos de amianto o que sufren una exposición pasiva o secundaria.
Se calcula que los costos del cáncer profesional en la Unión Europea se sitúan entre los 270.000 y los 610.000 millones € al año, lo que equivale al 1,8%-4,1% del PIB.
