Durante más de 25 años, el Acuerdo de Cotonú ha sido una plataforma de cooperación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Como el acuerdo expira en el 2020 y deben abordarse retos mundiales nuevos o que no están resueltos como la pobreza, la crisis migratoria, el cambio climático y las violaciones de los derechos humanos, las negociaciones se pondrán pronto en marcha. La comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo ha realizado su contribución al proceso de reflexión con la publicación de un nuevo informe “El futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP después del 2020”. La comisión ha adoptado el informe esta tarde.

El coordinador de Desarrollo del Grupo S&D, ponente del Parlamento Europeo y autor del informe, el eurodiputado Norbert Neuser, dijo:

“Estoy satisfecho de que hayamos conseguido el respaldo de una amplia mayoría de los eurodiputados y las eurodiputadas de la comisión para apoyar que la cooperación continúe. A pesar de todas las dificultades que se afrontan, este enfoque está dando resultados en la actualidad y debe ser jurídicamente vinculante. Hemos mantenido la ventaja de contar con un amplio número de países que trabajan juntos: ¡China o los Estados Unidos estarían encantados de tener esta clase de plataforma con los países ACP! Por otra parte, para que sea más efectiva, hemos sugerido una estructura que garantice una cooperación a medida entre los grupos más pequeños de países. También se le dará más visibilidad a la perspectiva de los derechos humanos y se conseguirá una mejor aplicación mediante un mecanismo de información bianual”.

El objetivo global a largo plazo tiene que ser ayudar a los países que son socios a volverse económicamente independientes, en el marco de la buena gobernanza. Por lo tanto, Norbert Neuser añadió:

“El comercio es una parte importante de las relaciones entre los países ACP y la Unión Europea. La integración de los países ACP en la economía mundial ha avanzado en las últimas décadas gracias a su cooperación con la Unión Europea, pero hace falta más para incluirlos en las cadenas internacionales de valor. Un nuevo acuerdo debe incluir derechos humanos y estándares medioambientales y sociales que sean jurídicamente vinculantes, como base de los futuros acuerdos de asociación económica (AAE)”.