A iniciativa del eurodiputado del Grupo S&D Alex Agius Saliba, la comisión de Empleo y Asuntos Sociales le ha pedido hoy a la Comisión Europea que regule el derecho a desconectar de todos los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea, en la votación de su informe, que ha sido adoptado hoy.
Hablando tras la exitosa aprobación de su informe, el eurodiputado del Grupo S&D Alex Agius Saliba, afirmó:
“La digitalización aporta muchos beneficios y ventajas a los empleados, como una mayor flexibilidad o menos desplazamientos. Sin embargo, también trae escollos. Aumenta la presión de estar siempre localizable, siempre disponible. Se amplía la duración de la jornada laboral y no se compensa necesariamente de manera justa. Los límites entre el trabajo y la vida privada se han difuminado. El coste humano es alto: de horas extras no remuneradas a fatiga y agotamiento.
“La pandemia de la Covid-19 ha cambiado sustancialmente la forma en la que trabajamos y debemos actualizar nuestras normas para ponernos al día con la nueva realidad. Durante el confinamiento, uno de cada tres trabajadores empezó a trabajar desde casa. Sin duda, el teletrabajo ha salvado incontables vidas, pero después de meses teletrabajando, muchos trabajadores y trabajadoras sufren ahora efectos secundarios negativos como aislamiento, fatiga, depresión, agotamiento o enfermedades musculares u oculares. Los estudios muestran que las personas que regularmente trabajan desde casa tienen el doble de probabilidad de exceder el máximo de 48 horas laborales por semana que establece la legislación de la Unión Europea. Trabajar desde casa dificulta particularmente que podamos desconectar.
“Queremos asegurarnos de que las herramientas digitales se utilizan como un activo que beneficia a los empleadores y a los trabajadores y las trabajadoras mientras se mitigan sus efectos negativos. Al acabar el trabajo o mientras se está de vacaciones, los trabajadores deben poder apagar su teléfono y no revisar sus correos electrónicos, sin miedo a sufrir consecuencias negativas. El derecho a desconectar es esencial para la salud mental y física. Por eso le pedimos a la Comisión Europea que proponga un derecho de la Unión Europea a desconectar de todos los trabajadores y trabajadoras europeos”.
Agnes Jongerius, portavoz de Empleo y Asuntos Sociales del Grupo S&D, añadió:
“Es esa sensación de recibir un mensaje de texto relacionado con el trabajo, que requiere tu atención, cuando acabas de ponerte a cocinar. O cuando tu jefe te llama mientras estabas hablando con un amigo. La digitalización, que pone del revés a nuestras sociedades y economías, es uno de los mayores desafíos para los derechos de los trabajadores en la actualidad. La forma en la que regulamos la digitalización determinará si los nuevos empleos serán buenos empleos, con salarios dignos y condiciones dignas. Tenemos que actualizar nuestras normas frente a las nuevas realidades de la era digital. El trabajo de los partidos obreros y los sindicatos consiste en garantizar que el avance tecnológico que trae la digitalización también trae progreso social para la mayoría. No podemos permitir que se abuse de las herramientas digitales o que se debiliten derechos de los trabajadores por los que se han luchado muchísimo. Los trabajadores digitales deben disfrutar de los mismos derechos que los trabajadores y las trabajadoras fuera de línea: condiciones laborales dignas, horarios laborales y tiempos de descanso que estén claramente estipulados, un salario justo y, definitivamente, el derecho a desconectar”.
Nota para los redactores:
El derecho a desconectar les permite a los trabajadores y las trabajadoras abstenerse de realizar labores relacionadas con el trabajo, actividades y comunicaciones electrónicas, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros mensajes, fuera de su jornada laboral, incluyendo los periodos de descanso, las vacaciones anuales y oficiales, los periodos de maternidad, paternidad y permisos parentales, y otros tipos de bajas, sin tener que afrontar consecuencias adversas.
El informe todavía debe adoptarlo el pleno del Parlamento Europeo, previsto en enero de 2021.
