Hablando después de la adopción de un informe que subraya las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea en relación con las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), los miembros del Grupo S&D han dejado claro que no aceptarán un acuerdo que perjudique a los servicios públicos o debilite los derechos de los trabajadores.

La eurodiputada Jude Kirton-Darling, coordinadora del S&D para el informe, dijo:

“El comercio de servicios es vital para la Unión Europea y las normas actuales están totalmente desfasadas, ya que no había prácticamente comercio por Internet cuando se acordó el último acuerdo allá en 1995. Por lo tanto, el status quo no es una opción: nos hace falta absolutamente una reforma; pero no debe producirse a expensas de los derechos de los trabajadores o de nuestros servicios públicos.

“El ACS puede ayudar a cerrar las lagunas jurídicas que se utilizan en la actualidad para abusar de los trabajadores y los consumidores; pero la Comisión Europea debe hacerlo bien y dejarlo claro en las próximas negociaciones. Con la votación de hoy, estamos dándole un nuevo mandato a la Comisión Europea. Si no lo respeta, entonces el Parlamento Europeo tendrá que considerar rechazar el resultado final”.

El eurodiputado David Martin, portavoz de Comercio Internacional del Grupo S&D, añadió:

“Los servicios forman el fundamento de la economía europea y el 70% de los europeos trabaja en la industria de servicios. Este hecho se refleja en nuestro comercio internacional donde tenemos un superávit comercial con nuestros socios de 162.900 millones de euros en servicios. Un acuerdo global y actualizado sobre el Comercio de Servicios podría mejorarlo más al abrir a nuestros socios comerciales a una mayor competencia.

“Sin embargo, no debe convertirse en una contienda general. Debemos tener normas que rijan el comercio para garantizar que la competencia es legal y se produce dentro de límites establecidos. Hemos conseguido que se hable con contundencia en este informe para garantizar que los servicios públicos están completamente exentos del acuerdo y que se salvaguardan los derechos de los trabajadores. Es esencial que cualquier acuerdo sobre el ACS no dañe la capacidad de la Unión Europea o de los Estados miembros de preservar y reforzar los estándares laborales. La Comisión Europea debe respetar esta posición en sus negociaciones con nuestros socios internacionales”.