El Parlamento Europeo ha respaldado hoy un informe que pide a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas para garantizar que los denunciantes que informan sobre una mala utilización de fondos de la Unión Europea están protegidos.

La portavoz de Control Presupuestario del Grupo S&D, Inés Ayala Sender, dijo:

“Los denunciantes desempeñan un papel esencial para que las empresas multinacionales y las élites mundiales respondan por sus actos. Los escándalos de Luxleaks (filtraciones de Luxemburgo) o los Papeles de Panamá no hubieran salido a la luz si no fuera por la valentía de personas que facilitaron información sobre prácticas que consideraron injustas o poco éticas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, son esas personas las que pagan los platos rotos, y no aquellos a los que descubren. Hoy, el Parlamento Europeo ha enviado una firme mensaje a la Comisión Europea de que hay que hacer más para proteger a los denunciantes que informan sobre la mala utilización de los fondos de la Unión Europea”.

El portavoz del Grupo S&D para el informe, Cătălin Sorin Ivan, añadió:

“Debemos facilitar y dar seguridad a las personas que informen sobre la mala utilización de los fondos de la Unión Europea. Este informe no solo pide nuevas protecciones jurídicas para los denunciantes, sino que también pide una amplia gama de medidas para simplificar el proceso de revelar la mala utilización del dinero de la Unión Europea. Pide la creación de un órgano independiente, que ejerza de asesor y reúna información, con oficinas en los Estados miembros, así como la creación de una página web donde puedan presentarse quejas. Hasta que se cree este nuevo órgano, queremos que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) publique un informe anual sobre la protección de los denunciantes en la Unión Europea”.

Nota para los redactores:

Este informe se refiere a la protección de los denunciantes que revelen la mala utilización de fondos de la Unión Europea. El Grupo S&D también quiere ampliar la legislación que ayude a proteger a todos los denunciantes que revelen actividades poco éticas o ilegales en la Unión Europea, como los que participaron en la revelación del escándalo Luxleaks.